De acuerdo a los informes, el proyecto plantea el uso de las fuerzas públicas, la Policía y los militares para custodia de los penales además de la realización de contrataciones por vía de la excepción.
En tanto que tras un extendido debate sobre el tiempo de duración de la emergencia y con una propuesta de disminuirla a un periodo de seis meses, por mayoría quedó aprobado el artículo N° 1 en la versión original que establece emergencia por un año.
Mientras que el artículo N° 2 que autoriza el apoyo y empleo de las Fuerzas Públicas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas de la Nación, para la custodia, y cobertura de seguridad perimetral de todos los establecimientos carcelarios, no fue modificado.
Asimismo el punto referido a que el Ministerio del Interior lleve a cabo contrataciones por vía de excepción quedó establecido según lo recomendado por la Comisión, que autoriza al Ministerio de Justicia las contracciones vía excepción, conforme a la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
La misma establece que se podrán efectuar los procedimientos de contratación, sin sujetarse a los de la licitación pública o a los de licitación por concurso de ofertas, es decir, una adjudicación directa.
Además fue aprobado el artículo que establece el uso de recursos del Tesoro Nacional, del Crédito Interno y Externo, Recursos Propios y Privados de las binacionales para la construcción de penitenciarías.
La normativa se aprobó sin modificaciones y pasa al Senado para su consideración.
El dato
Según los datos, en la sesión del 19 de junio no se pudo tratar esta iniciativa presentada por el Ejecutivo, con el lobby por parte del vicepresidente Hugo Velázquez y el ministro de Justicia Javier Ríos.
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social dictaminó a favor de la aprobación de este documento, pero con modificaciones.
En tanto que con la propuesta del Ejecutivo, los militares serán destinados a las cárceles, pero el órgano de Diputados consideró que ese artículo se debe eliminar.
Sin embargo, según varios parlamentarios, la presencia de las Fuerzas Armadas no solucionaría de fondo el problema.
La labor de las FFAA, de acuerdo con la Carta Magna, es custodiar la integridad territorial y las autoridades legítimamente constituidas. La disposición sería inconstitucional.
