La imputación fue en contra de Pablo Sebastián Ayala y Pastor Salcedo Sanabria por la comisión del hecho punible de Violación a la cuarentena sanitaria.
La representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías que aplique las medidas alternativas a la prisión preventiva.
Aparentemente, el pasado 10 de abril de 2020, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría octava Central de Capiatá, recibieron una llamada a la oficina de guardia, posteriormente se constituyeron en el cementerio de la ciudad, portón 4, ubicado sobre la calle Curupayty casi Virgen del Rosario.
En el camposanto se encontraba el funcionario municipal, Pastor Salcedo junto a dos personas que alegaron ser hijos del difunto que fue enterrado.
El procedimiento fue informado a la Fiscalía, esto en razón de que los vecinos se encontraban temerosos y reclamaban el horario en el cual se realizaba la inhumación, que fue alrededor de las 18:30.
El horario del entierro, fue lo que llamó la atención de los pobladores, por ello dieron conocimiento a las autoridades.
Tras la indagación por parte de la Fiscalía, se tuvo conocimiento de la falta de autorización por parte del intendente municipal quien en virtud a lo comunicado en redes sociales manifestó que los funcionarios municipales obraron sin la debida autorización.
Los hijos del difunto presentaron un acta expedida por el Hospital del Cáncer donde manifestaba que había fallecido de la mencionada enfermedad, informó el portal del Ministerio Público.
