La jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz elevó el viernes a juicio oral el caso contra la firma Insumos Médicos SA (Imedic), en la causa por el ingreso supuestamente irregular de insumos oncológicos.
De esta manera, afrontarán Juicio los procesados Patricia Ferreira, presidenta de la empresa; Nidia Godoy, miembro del directorio, y el despachante Néstor Domingo Ramírez deberán enfrentar el juicio oral.
La acusación es con relación a los hechos punibles de producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal, informa el Ministerio Público.
La magistrada de Garantías rechazó la nulidad de la acusación fiscal, además del sobreseimiento de los procesados Patricia Ferreira, Nidia Godoy y Néstor Ramírez.
Ruiz Díaz también rechazó el pedido de las defensas de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, de excluir a 70 testigos porque no declararon ante el Ministerio Público.
La jueza alega que los testigos están identificados y cumplen con todos los requisitos legales, por lo que rechazó el pedido de la defensa de excluirlos.
De esta manera, finalmente, admitió la acusación del Ministerio Público y dispuso elevar la causa a juicio oral. Admitió las pruebas de las partes, conforme con su fallo.
El caso data del año 2018, cuando –según la denuncia– la firma Imedic, supuestamente, falsificó diez facturas de la firma Eurofarma, con lo que introdujo al país medicamentos oncológicos que luego comercializó.
La Fiscalía señala que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) no pudo hallar ya los medicamentos introducidos por la empresa.
Según la acusación fiscal, la empresa Insumos Médicos S.A. declaró ante la Secretaría de Estado de Tributación (SET) la importación, exportación y compra-venta de insumos médicos, como actividad principal, que no tuvo variación esencial con el transcurso de los años.
En tal sentido, las personas juzgadas dispusieron de la infraestructura societaria, aunque sea parcialmente, para organizarla y realizar reiteradas ilicitudes basadas principalmente en la falsedad documental inherente a operaciones de comercio exterior, con impacto en las relaciones jurídicas nacionales, con vulneración del sistema aduanero.
Asimismo, con violación del control sanitario ejercido por el Ministerio de Salud, específicamente, respecto a la introducción al país de medicamentos que fueron negociados y distribuidos peligrosamente al mercado nacional, fuera de las reglas establecidas para tales procedimientos.
