Diputado cartista reflota ley contra el pánico financiero en el país

El diputado oficialista Alejandro Aguilera anunció que reflotará el proyecto de ley contra el pánico financiero en Paraguay. La iniciativa legislativa plantea sanciones de hasta diez años de cárcel para quienes difundan noticias falsas de forma deliberada. El objetivo central consiste en evitar retiros masivos de depósitos que comprometan la estabilidad del sistema crediticio. Sin embargo, sectores de la oposición advierten que la propuesta representaría una amenaza directa contra la libertad de expresión.

El debate adquiere relevancia tras la filtración de un memorando de un exfuncionario de la Superintendencia de Bancos. Asimismo, influyeron las respuestas remitidas por el Banco Central del Paraguay al Senado sobre diversas entidades. A partir de estos hechos, el Gobierno impulsó acciones institucionales destinadas a defender la estabilidad financiera nacional. El parlamentario por el departamento de Guairá aclaró que el texto no contempla medidas de censura previa.

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Aguilera defendió la necesidad de tutelar el patrimonio de los ahorristas frente a maniobras mediáticas deliberadas. En ese sentido, afirmó: “El sistema financiero paraguayo es una conquista de todos los paraguayos”. El legislador añadió que detrás de cada depósito bancario existe un sacrificio inmenso de los ciudadanos. Igualmente, remarcó que las falsedades fabricadas para provocar corridas perjudican a personas ajenas a los conflictos.

Ante lo que estamos viendo y los intereses cruzados entre medios y bancos, voy a reflotar el tratamiento de una ley contra el terrorismo financiero. Es una vergüenza que el miedo de los ahorristas pueda convertirse en una herramienta de disputa empresarial. El Congreso tiene que asumir su responsabilidad y debatir un proyecto que debió estudiarse seriamente hace años.

Esta iniciativa tiene un antecedente concreto. Existio un proyecto que ingreso en el año 2017 se presentó en Diputados para tipificar el pánico financiero, y la propia ASOBAN había promovido la propuesta mediante una nota del 27 de marzo de ese año. ASOBAN advertía sobre rumores malintencionados y sus consecuencias para los depósitos, la liquidez y la estabilidad del sistema. Esa preocupación merece ser retomada con un texto actualizado.

El sistema financiero paraguayo es una conquista de todos los paraguayos. Detrás de cada depósito hay un sacrifico inmenso.

Cuando se fabrica una falsedad para provocar retiros masivos, el riesgo también alcanza a personas que no tienen nada que ver con las disputas entre grupos económicos.

La propuesta que voy a impulsar exige elementos concretos para sancionar. Debe probarse que alguien difundió hechos falsos sabiendo que eran falsos, con la finalidad de provocar retiros masivos y generando un peligro concreto y grave para la liquidez.

El texto propone una pena básica de hasta cinco años o multa. Prevé hasta ocho años cuando se produzcan retiros masivos con una afectación grave de la liquidez, o cuando exista abuso de funciones o utilización de información reservada. El máximo de diez años queda reservado para casos especialmente graves, con consecuencias comprobadas para los depositantes o para otras entidades.

La propuesta prohíbe la censura previa y preserva la reserva de las fuentes periodísticas.

Voy a promover este debate con seriedad, escuchando a los organismos supervisores, al sector financiero y a especialistas.

Recuperaremos el antecedente que ASOBAN promovió en 2017, actualizando sus disposiciones y sus garantías. Proteger el ahorro y preservar un debate público libre son responsabilidades que el Congreso debe asumir.

— Ale Aguilera (@aleaguileraeliz) October 9, 2026

Escalas de penas previstas para el pánico financiero

La normativa establece requisitos estrictos para comprobar la comisión del hecho punible ante los tribunales. Debe demostrarse la difusión deliberada de hechos falsos con el fin de generar un peligro grave para la liquidez. Por ende, la propuesta fija una sanción básica de cinco años de penitenciaría o la aplicación de multas. Esta penalización inicial busca frenar rumores maliciosos antes de que ocasionen un perjuicio patrimonial de gran escala.

Por otra parte, la pena podrá elevarse hasta ocho años de prisión si la conducta desata una corrida real. Este castigo agravado también se aplicará cuando exista abuso de funciones o utilización irregular de información reservada. En situaciones excepcionales, el marco penal alcanzará el tope de diez años de encierro. Dicha sanción máxima regirá ante daños comprobados para los depositantes o para otras entidades del sistema paraguayo.

El parlamentario oficialista enfatizó que la redacción protege expresamente el secreto de las fuentes periodísticas de los trabajadores de prensa. Además, Aguilera prometió convocar a organismos supervisores, entidades bancarias y profesionales especializados para enriquecer el tratamiento del expediente. El legislador colorado buscará canalizar las inquietudes técnicas de todos los sectores antes de definir la votación parlamentaria.

Antecedentes y actores del proyecto legislativo

La discusión reactivó pronunciamientos de figuras del ámbito jurídico local respecto a propuestas formuladas en periodos anteriores. El abogado José Fernández Zacur recordó que elaboró un anteproyecto similar por encargo de la Asociación de Bancos del Paraguay. El jurista, quien también preside la Gran Logia Simbólica del Paraguay, consideró oportuno reactivar la iniciativa ante los recientes sucesos.

Fernández Zacur sostuvo que la confianza en el sistema crediticio constituye un bien jurídico superior que requiere amparo legal. Según argumentó, la solvencia bancaria no concierne exclusivamente a las entidades comerciales, sino a los trabajadores y ahorristas. Por tal motivo, reiteró que la protección legal del sistema crediticio resguarda el esfuerzo de toda la ciudadanía.

Aquel antecedente ingresó formalmente al Congreso el 12 de mayo de 2017 bajo el patrocinio de cuatro parlamentarios. Los proponentes fueron el liberal Juan Bartolomé Ramírez y los colorados Julio Javier Ríos, Ramón Romero Roa y Walter Harms. La iniciativa planteaba incorporar al Código Penal paraguayo el castigo a las conductas lesivas contra el sistema crediticio.

Fuente: LPO