El contralor general de la República, Camilo Benítez, salió al paso de las versiones que circulan sobre un posible pedido de pérdida de investidura contra la senadora Kattya González. Benítez se refirió al caso del funcionario José Luis Torales, quien fue comisionado a la Cámara de Senadores y posteriormente a la Cámara de Diputados, a pedido de la legisladora.
Benítez señaló que la ley permite el comisionamiento de funcionarios entre instituciones públicas. Afirmó que Torales no es el único funcionario en esa situación y que la Contraloría ha comisionado a más de 50 personas a otras instituciones, mientras que ha recibido a la misma cantidad de funcionarios de otras entidades.
El contralor explicó que la Contraloría decidió cortar el comisionamiento de Torales e iniciarle un sumario administrativo por haber sido candidato a presidente de un partido político. Benítez mencionó que el reglamento interno de la Contraloría prohíbe a sus funcionarios realizar actividades políticas.
Sin embargo, Benítez aclaró que Torales no cobraba doble salario. Afirmó que el funcionario cobraba su salario de la Contraloría y una diferencia por el cargo de confianza que ocupaba en el Congreso Nacional. Benítez mencionó que esta práctica es habitual en el sector público y que no está prohibida por ley.
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El contralor desmintió las acusaciones de tráfico de influencias contra la senadora González. Afirmó que la legisladora no presionó a la Contraloría para que comisionara a Torales y que actuó en el marco de la ley.
Benítez concluyó señalando que la Constitución Nacional le da a la Contraloría autonomía para dictar sus propias reglas. Afirmó que el reglamento interno de la Contraloría podría ser considerado como un brazo de la Constitución Nacional, por lo que se le realiza un sumario a Torales para determinar qué norma se le aplica.
Fuente: Última Hora.
