Escándalo en Caaguazú: Funcionaria desvía millonaria indemnización

En un escándalo de proporciones considerables, Anadelia Acosta Armoa, asesora del Congreso Nacional, está siendo investigada por su implicación en un despojo de G. 725 millones. Este dinero, destinado a las familias de dos víctimas fatales de un accidente en Caaguazú, fue sustancialmente desviado.

Anadelia, de 32 años, ocupa un cargo comisionado en la Municipalidad de R.I. 3 Corrales y es conocida por su vinculación con figuras prominentes del Partido Colorado. Coincidiendo con la apropiación del dinero, adquirió un vehículo Kia Sorento nuevo, lo que levantó sospechas sobre el origen de los fondos para tal compra.

#ALaGran730 Millonario despojo en Caaguazú: implicada es asesora del Congreso

Anadelia Acosta Armoa es una de las principales sindicadas por el despojo de G. 725 millones de una indemnización que debían recibir dos familias de víctimas fatales de un accidente por un cable de… pic.twitter.com/eTbY9rM5yC

— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 7, 2024

La fiscal Norma Salinas está a cargo de la investigación, que comenzó como un caso de presunta apropiación y ahora se amplía a posibles delitos de estafa y lesión de confianza. Según las indagaciones, Anadelia y un abogado no identificado se acercaron a las familias afectadas para gestionar las indemnizaciones, solo para engañarlas sobre las sumas recibidas y cobrar excesivos honorarios.

Las familias, una de cuyas matriarcas es analfabeta y vive en condiciones precarias, recibieron solo una fracción de los G. 800 millones totales asignados por la ANDE, con una informando haber recibido G. 45 millones y la otra G. 30 millones de los G. 400 millones que les correspondían.

La agente fiscal ha revelado que nueve personas están involucradas en este esquema fraudulento, que incluye funcionarios de la sucursal del Banco Nacional de Fomento en Repatriación. Se utilizó un poder especial no inscrito para retirar los fondos, lo que sugiere una complicidad bancaria en el fraude.

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El escándalo no solo ha devastado a las familias de las víctimas, sino que también ha provocado una reacción de la ANDE, cuyo representante legal, Nelson Medina, expresó su indignación y confirmó que la entidad se sumará a la demanda penal. Medina destacó la falta de complicidad por parte de los empleados de la ANDE y señaló la gravedad del cobro irregular de los cheques.

La investigación sigue en curso, con la fiscalía recopilando evidencia para ampliar los cargos penales contra los involucrados, mientras que la comunidad espera justicia para las familias afectadas gravemente por este acto de corrupción.

Fuente: ABC Color