El exministro del Interior, Walter Bower, permanece detenido en el Departamento Judicial de la Policía Nacional mientras aguarda la resolución sobre su lugar definitivo de reclusión. Bower fue condenado a 15 años de prisión por casos de tortura y otros delitos ocurridos durante su gestión.
El tribunal inicialmente ordenó su reclusión en el Penal Militar de Viñas Cué, junto a los excomisarios Merardo Palacios Melgarejo y Osvaldo Javier Vera Espínola, también condenados en la misma causa. Sin embargo, esta disposición quedó en suspenso debido a un pedido de revisión presentado por la defensa.
Bower y demás condenados aguardan traslado a lugar de reclusión
▪️Ante la falta de orden administrativa para el traslado del exministro del Interior, Walter Bower; el expolicía Merardo Palacios y el excomisario Osvaldo Vera, mañana se realizará una audiencia de revisión ante el… pic.twitter.com/7hrU7Puhi8
— Radio Ñandutí (@nanduti) January 27, 2025
Según el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Víctor Benítez, la decisión de recluir a los condenados en un penal militar responde a la necesidad de proteger su integridad física, considerando los altos cargos que ocuparon. El traslado definitivo dependerá de la resolución del pedido de revisión programada para este martes.
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El caso se remonta al año 2000, cuando los policías Alfredo Cáceres y Jorge López denunciaron torturas ordenadas por Bower en la Comisaría 11.ª Metropolitana y la Infantería de la Marina. Las agresiones estuvieron vinculadas a la supuesta participación de las víctimas en un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Luis Ángel González Macchi.
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El tribunal estableció que las víctimas no solo sufrieron agresiones físicas sino también tratos denigrantes. Se confirmó que algunas torturas fueron ordenadas directamente por Bower, quien estuvo presente durante los hechos ocurridos el 21 de mayo en la Marina.
La gravedad del caso llevó a una condena contra Paraguay por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó violaciones a la detención legal, prohibición de tortura y garantías judiciales de las víctimas.
Fuente: Última Hora
