La construcción de una mansión en el exclusivo barrio Plaza de los Mangos de Lambaré ha desatado una serie de cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos en la Municipalidad de Tomás Romero Pereira. Dirigentes colorados locales denuncian que el intendente Isidro Rivas estaría desviando mensualmente 100 millones de guaraníes provenientes de royalties para financiar los gastos de su hijo, el senador Hernán Rivas.
La propiedad en cuestión, que no figura en la última declaración jurada del parlamentario, está registrada a nombre de sus suegros, Silvina Franco Escobar y Juan Gregorio Escobar Núñez, ex concejal de Ybycuí. Según fuentes de la Junta Municipal, estos fondos forman parte de los aproximadamente 8.000 millones de guaraníes correspondientes a royalties de Itaipú que recibe la comuna.
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La situación ha generado malestar en la dirigencia colorada local, donde un reciente sondeo del movimiento cartista reveló un 70% de rechazo hacia la gestión del intendente Isidro Rivas. Este descontento se intensifica ante las múltiples denuncias que pesan sobre el senador Hernán Rivas, quien anteriormente debió abandonar su cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por irregularidades en su título de abogado.
Los recursos cuestionados deberían destinarse a obras municipales ejecutadas con maquinaria propia de la comuna. Sin embargo, algunas adjudicaciones habrían sido direccionadas para beneficiar a la empresa Delgado Neher S.R.L., vinculada a Humberto Delgado, presidente de la Junta de Hohenau, según señalan las denuncias presentadas.
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El patrimonio del senador Rivas ha quedado bajo escrutinio público tras revelarse que enfrenta más de una docena de demandas por deudas impagas que superan los 500.000 dólares. Estas incluyen reclamos de entidades bancarias, financieras y centros médicos privados, además de órdenes de secuestro sobre varios vehículos de alta gama registrados a su nombre.
La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Camilo Benítez, mantiene una investigación abierta sobre las inconsistencias detectadas en la declaración jurada del parlamentario. El proceso podría derivar en una notificación formal que exigirá explicaciones sobre sus ingresos y el presunto uso irregular de fondos municipales.
Fuente: LPO
