Seis concejales de Lambaré, cinco del Partido Colorado y uno Liberal, anunciaron medidas de presión para forzar la renuncia o apartamiento temporal de la concejala Carolina González, esposa del exdiputado Orlando Arévalo. Los ediles implementarán un bloqueo del quorum en las sesiones municipales hasta obtener una respuesta satisfactoria de la concejala.
La pareja enfrenta una denuncia por parte de la empresa constructora Rehobot por presunta persecución de inocentes, relacionada con una deuda pendiente de G. 400 millones de un total de G. 2.400 millones por mejoras en su residencia. Según el abogado Juan Martín Barba, Arévalo denunció falsamente a la empresa por supuestas actividades peligrosas en la construcción para evadir el pago del saldo pendiente.
El concejal colorado Víctor Silvera enfatizó la existencia de evidencias que vinculan a González con diversas irregularidades, incluyendo denuncias por presunto lavado de dinero. Los ediles han solicitado la intervención de la Contraloría de la República, la Seprelad y el Ministerio Público para investigar exhaustivamente los casos.
La crisis se profundizó con denuncias adicionales sobre el uso indebido de recursos y personal del Hospital General de Lambaré para fines políticos. Esta situación derivó en la destitución de la directora Griselda Meza y la solicitud de remoción de otros altos funcionarios del centro asistencial por presunto proselitismo político en favor de González.
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El Sindicato de Funcionarios del Hospital denunció que la institución se había convertido en un “bastión político” de la concejala y su esposo, señalando que varios directivos actuaban como operadores políticos de la pareja. Entre los acusados figuran la directora médica Leticia Apuril, el jefe de Recursos Humanos Rodrigo Recalde y la jefa de Enfermería Mirian Meza.
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El Ministerio de Salud respondió a la crisis designando a la doctora Luz Diana Vázquez Vera como nueva directora del Hospital General de Lambaré mediante la Resolución 486, en un intento por normalizar el funcionamiento de la institución y desvincularlo de las actividades políticas denunciadas.
Fuente: Última Hora
