Documentos oficiales revelaron la entrega de una identificación institucional a Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui. Esta acreditación contradice la versión del Poder Ejecutivo sobre la inexistencia de un vínculo con la Presidencia de la República. El ciudadano aparece ligado a un esquema de desinformación digital.
El caso cobró notoriedad tras la difusión de la serie periodística denominada La Red Desinformante. El investigado es señalado como responsable del desaparecido sitio Sucia Política y otras plataformas pro-oficialistas. La red financió ataques contra la prensa y actores críticos mediante pautas que alcanzaron casi medio millón de dólares.
El presidente Santiago Peña y las autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación negaron la relación. Tanto el ministro Gustavo Villate como la viceministra Alejandra Duarte Albospino rechazaron un nexo formal. Los funcionarios públicos consideran al involucrado únicamente como un militante.
¿Existió un vínculo con la Presidencia de la República?
Sin embargo, las filtraciones documentales contradicen los descargos emitidos por las autoridades de la cartera estatal de comunicación. Las pruebas documentativas exponen el rol de los administradores públicos en el marco de causas abiertas en la justicia. Los registros evidencian gestiones específicas desarrolladas dentro del palacio de gobierno.
Los trámites para la acreditación se registraron a mediados de julio del año 2025. En ese periodo, el director general de información presidencial, Guillermo Grance, ordenó la confección de doce credenciales. El pedido se realizó exclusivamente para los funcionarios pertenecientes a la dirección bajo su cargo.
La impresión de las tarjetas buscaba facilitar los reiterados accesos de los operarios técnicos a la residencia oficial de Mburuvicha Róga. Todas las credenciales portaban la inscripción impresa de la Dirección General de Información Presidencial. Asimismo, el diseño exhibía el logotipo de la Presidencia de la República del Paraguay.
Esta gestión administrativa respondió a una serie de reorganizaciones internas surgidas tras la asunción de Guillermo Grance como director. Los cambios institucionales también obedecieron al fallecimiento del fotógrafo presidencial Víctor Chávez. Igualmente, influyó la desvinculación formal de otros perfiles técnicos de la casa de gobierno.
En esas fechas, la oficina gubernamental imprimió una de las identificaciones a nombre de Juan Roberto Villaverde Emategui. El carnet le asignaba el cargo específico de Comunicación Digital dentro de la estructura estatal. La fotografía del documento presentaba el mismo estilo estético institucional de los demás trabajadores.
Coincidencia con pautas publicitarias digitales
La elaboración de esta credencial oficial coincidió con el periodo de mayor despliegue de anuncios pagos en las redes sociales. Las pautas monetarias estaban destinadas a desprestigiar a los comunicadores y a los referentes críticos al gobierno actual. La inversión total en estas plataformas digitales orilló los quinientos mil dólares.
La Dirección General de Información Presidencial gestionó también las tarjetas de fotógrafos, conductores y operarios del equipo técnico. Al revisar las planillas públicas, se constató que varios colaboradores no figuran en los registros de sueldos oficiales. Esta situación administrativa genera interrogantes sobre los mecanismos de remuneración vigentes.
Entre las personas que no aparecen en las planillas estatales se encuentra la jefa de prensa, Florencia Vallejos. La misma situación afecta a María Angélica Finestra, quien se desempeña actualmente como coordinadora de relaciones públicas. Ambas trabajadoras ejercen roles activos dentro de la estructura de comunicación oficial.
Del mismo modo, los encargados del sector audiovisual Juan Carlos Páez y Fernando Benítez carecen de registros salariales directos. En contraste, otros miembros del equipo de prensa perciben haberes mediante fondos provenientes de las entidades binacionales. Estos pagos cruzados involucran a personal asignado a la cobertura presidencial.
Funcionarios comisionados y actividades en Coronel Oviedo
Específicamente, los técnicos Alberto Vargas y Hugo Jiménez aparecen contratados formalmente por la Entidad Binacional Yacyretá. Por su parte, Stiven Meza figura como funcionario de la Presidencia. Sin embargo, Meza percibe un sueldo complementario desde mayo del año 2025 por parte de la Itaipú Binacional.
Los antecedentes de relacionamiento entre los protagonistas del caso se remontan a los primeros meses del año 2025. El veinticuatro de febrero de ese año, Juan Roberto Villaverde participó de un acto oficial del Gobierno. El encuentro se desarrolló en la ciudad de Coronel Oviedo, localidad de origen del investigado.
Una transmisión del canal estatal Paraguay TV captó al encargado digital junto a la directora de comunicación, Alejandra Viola. El mitin político contó con el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
Posteriormente, Guillermo Grance confirmó que Villaverde ingresaba habitualmente a Mburuvicha Róga para asistir a conferencias de prensa.
Fuente: ABC Color
