El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, reconoció públicamente haber utilizado G. 500.000 millones provenientes de bonos municipales para fines distintos a los establecidos, justificando la acción mediante la figura de “caja única”, en directa contradicción con la ordenanza municipal 175/2018.
Durante una entrevista radial, Rodríguez defendió el uso de estos fondos alegando que todo el dinero va “a una misma bolsa” para cubrir diversos gastos municipales, incluyendo servicios, maquinarias y obras de infraestructura. Esta práctica contradice la Ley Orgánica Municipal, que en su artículo 197 prohíbe expresamente la utilización del crédito público para financiar gastos corrientes.
¿Qué pasó con los 500 millones?
️El intendente @oscarodriguezpy habló sobre los reclamos de la ciudadanía y mencionó que, hoy en día, con la tecnología es muy fácil opinar, dejarse llevar, desacreditar a los demás y asumir el rol de jueces y fiscales, sin tener evidencias.… pic.twitter.com/qI3ss5nfCf
— La Union AM (@Launionam) February 13, 2025
La Contraloría General de la República confirmó el desvío de fondos en julio del año pasado, señalando que la figura de caja única no podía ser utilizada en este contexto. El organismo contralor destacó que la administración municipal realizó pagos de gastos corrientes por G. 492.000 millones sin presentar la documentación respaldatoria correspondiente.
El intendente intentó justificar estas acciones argumentando que los ingresos municipales fueron inferiores a los egresos durante 2020 y 2021, reconociendo que sin la “figura de la caja única” no hubieran podido cubrir los gastos. Simultáneamente, negó la existencia de una crisis financiera, asegurando que la Comuna está al día con salarios, proveedores y obligaciones financieras.
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La Fiscalía investiga actualmente el caso como presunta lesión de confianza, un delito que conlleva penas de entre 5 y 10 años de prisión. La fiscal Marlene González confirmó que los documentos obtenidos durante el allanamiento a la sede municipal están siendo analizados por la Dirección de Análisis de Información Estratégica del Ministerio Público.
El caso se complica por la aparición de una cuestionada resolución 2.424/2019, supuestamente emitida durante un asueto, que intentaba legitimar el uso de recursos del crédito público en la cuenta única. Sin embargo, el mismo intendente había negado la existencia de esta reglamentación ante la Contraloría en 2020.
Fuente: ABC Color
