Seprelad incumple orden judicial sobre financistas de Gafilat 2024
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se encuentra bajo la lupa tras no cumplir con una orden judicial que la obliga a publicar información detallada sobre los financistas del evento Gafilat 2024, realizado en Paraguay. El abogado y activista Ezequiel Santagada fue quien presentó un amparo para que la institución divulgue los datos, como estipula la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, el organismo no ha cumplido hasta ahora con lo dispuesto.
Según Santagada, la información solicitada incluye aportes de instituciones públicas y privadas involucradas en la organización del evento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Este evento tiene gran relevancia para evaluar los avances de los países en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. “Lo que corresponde es que suban la información al portal de Acceso a la Información para que todos los ciudadanos puedan consultarla”, expresó el activista.
El abogado afirmó haber intimado al Juzgado para que exija el cumplimiento de la publicación a Seprelad. “Pedí que se intime al director del Portal y que el expediente sea elevado al Tribunal de Apelación. Espero que lo hagan antes del mediodía”, comentó Santagada, quien destacó que la falta de respuesta podría interpretarse como desacato a una orden judicial.
Leé más: Seprelad divulga lista de aportantes al evento Gafilat tras orden judicial
Hasta el momento, Seprelad solo ha emitido un breve comunicado en el que agradeció la colaboración de diversas entidades, entre ellas asociaciones tabacaleras y bancos, por su participación en la organización del evento. Este informe no incluye detalles específicos sobre los aportes financieros, lo que genera inquietudes sobre la transparencia del ente antilavado.
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El plazo legal para que la institución publique los datos venció la medianoche del jueves, según explicó Santagada. De no cumplir con lo ordenado, Seprelad podría enfrentar consecuencias legales, dado que la normativa de Acceso a la Información Pública establece sanciones para las entidades que no respondan en los plazos establecidos.
Fuente: ABC Color
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