El caso de una familia de Villa Elisa revela las deficiencias del sistema judicial para proteger a mujeres víctimas de acoso. Cuatro mujeres, incluyendo una niña de dos años, denuncian ser filmadas sin consentimiento por vecinos que difunden contenido íntimo en redes sociales.
La denuncia presentada hace cinco meses ante el Ministerio Público no ha generado acciones concretas, a pesar de existir una orden de detención emitida por la fiscal María Angélica Acosta. “Es demasiado incómodo esto, la justicia no hace nada. Los vecinos siguen en su casa”, manifestó Samira Ramírez, una de las afectadas.
#Movil970 @Aguilar_Silvii | Joven denuncia acoso por parte de sus vecinos.
Asegura que es filmada constantemente y los materiales son subidos a las redes sociales con perfiles falsos.
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El acoso comenzó cuando la familia notó celulares asomándose tras paredes y puertas de la vivienda contigua. La situación escaló cuando el padre de las víctimas descubrió videos en TikTok donde los agresores realizaban acercamientos a partes íntimas de las mujeres y emitían comentarios obscenos.
Las víctimas han tomado medidas desesperadas para proteger su privacidad, cubriendo su hogar con sábanas y evitando salir al patio, sin que esto detenga el hostigamiento. “Estamos cansadas y desesperadas. Nos sentimos desprotegidas”, expresó Samira.
El caso se torna más alarmante ante las amenazas de los acusados, quienes habrían manifestado su intención de resistirse violentamente a cualquier intento de detención, incluso afirmando haber afilado cuchillos para tal propósito.
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Aunque los videos fueron eliminados por los agresores tras la denuncia, las víctimas preservaron copias como evidencia. Este material podría ser crucial para que las autoridades finalmente actúen, si es que deciden priorizar la protección de estas mujeres.
Esta situación evidencia la urgente necesidad de reformar los mecanismos de respuesta institucional ante denuncias de acoso y violencia de género, especialmente cuando las víctimas son mujeres y niñas cuya seguridad debería ser prioridad para el Estado paraguayo.
Fuente: Hoy
