Fiscalía pide seis años de cárcel para exintendente de Mariscal Estigarribia

El fiscal Luis Piñanez solicitó una pena de 6 años y 6 meses de prisión para Eladio Alcaraz, exintendente de Mariscal Estigarribia, por el presunto delito de lesión de confianza. La acusación sostiene que durante su gestión al frente del municipio chaqueño se generó un perjuicio patrimonial que asciende a 1.054.108.448 guaraníes.

Según el documento presentado por el Ministerio Público, la administración de Alcaraz habría utilizado fondos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para el supuesto pago de obras que nunca fueron ejecutadas. Los fiscales señalan además la ausencia de documentación respaldatoria que justifique los desembolsos realizados durante su periodo como jefe comunal.

️El fiscal Luis Piñanez pidió la pena de 6 años 6 meses de prisión para el ex intendente de la ciudad de Mariscal Estigarribia, Eladio Alcaraz, por supuesta lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial es de G. 1.054.108.448. pic.twitter.com/5FnCEvHGsH

— Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) February 27, 2025

La investigación fiscal reveló que se habrían elaborado documentos en blanco para dar apariencia de legalidad a las erogaciones realizadas. Entre estos documentos figuran contratos y certificaciones de obras que supuestamente debían beneficiar a instituciones educativas ubicadas en comunidades indígenas del distrito de Mariscal Estigarribia.

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El Ministerio Público sostiene que, tras una exhaustiva investigación, se comprobó que ninguna de las obras consignadas en la documentación presentada por la administración de Alcaraz fue efectivamente ejecutada, configurándose así el delito de lesión de confianza en perjuicio del patrimonio municipal y de los fondos públicos destinados al desarrollo educativo.

La acusación formal presentada por el fiscal Piñanez detalla el mecanismo utilizado para desviar los recursos del Fonacide, fondo que por ley debe destinarse específicamente a infraestructura educativa, alimentación escolar y formación docente. La malversación de estos recursos afectó directamente a comunidades indígenas que debían beneficiarse con mejoras en sus instituciones educativas.

Fuente: Megacadena