El proyecto de ley que busca crear Juzgados y Tribunales Especializados en materia de Violencia contra la Mujer enfrenta un punto crítico en su tramitación legislativa. Durante una audiencia pública organizada por la Comisión de Equidad Social e Igualdad de los Derechos del Hombre y la Mujer de la Cámara de Diputados, surgieron posturas encontradas respecto a las modificaciones introducidas al texto original que ya cuenta con media sanción del Senado.
La iniciativa, impulsada originalmente por la senadora Lilian Samaniego (ANR), pretende establecer una estructura judicial especializada para atender casos de violencia hacia las mujeres y fortalecer la implementación de la Ley N° 5777/2016 “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia”. Sin embargo, el dictamen emitido por la Comisión presidida por la diputada Rocío Abed propone cambios sustanciales que, según varios participantes de la audiencia, desvirtúan el propósito inicial al ampliar el ámbito de competencia para incluir asuntos de familia, civil y niñez.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ) expresó su preocupación por las modificaciones realizadas, señalando que “la Comisión de Equidad cambió en un 100 por ciento del proyecto, creando el Juzgado de Familia, que es más abarcativo, de varias jurisdicciones que introduce lo civil, niñez, violencia y contra la mujer”. Advirtió además sobre el limitado tiempo disponible para analizar adecuadamente estos cambios, considerando que el proyecto tiene sanción ficta el próximo 20 de marzo.
Por su parte, la viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, Silvia Blasco, defendió la versión aprobada por el Senado, destacando que el texto original “tuvo su proceso, pasó por varias etapas en seguimiento con el Ministerio de la Mujer, ha sido analizado por la Asesoría Jurídica de la Presidencia del Poder Legislativo”. La funcionaria enfatizó que “la creación de los Juzgados y Tribunales Especializados en materia de violencia contra la mujer en Paraguay es una medida impostergable”, respaldada por “argumentos legales, estadísticas alarmantes y la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia”.
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En contraste, representantes de otros sectores cuestionaron la iniciativa original, argumentando que podría generar desigualdad ante la ley. Valeria Insfrán, de la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, afirmó que “la violencia no reconoce sexo” y que “se debe castigar todo tipo de hechos de violencias, pero no generar una desigualdad que podría perjudicar a un hombre ante la sociedad”. En la misma línea, la abogada Patricia Stanley señaló la ausencia de “una sanción para las mujeres que hacen denuncias falsas”, cuestionando que “el acusado es el que debe demostrar su inocencia, cuando es el denunciante el que debe demostrar la culpabilidad”.
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El proyecto original pretende otorgar a estos juzgados especializados la competencia para dictar medidas de protección e intervenir en la investigación y procesos penales durante las fases investigativa e intermedia. Su objetivo principal, según sus defensores, es dar celeridad a los procesos judiciales, considerando que actualmente los Juzgados de Paz “no tienen la capacidad física, ni la capacitación adecuada para atender los casos de violencia contra las mujeres”. La Cámara de Diputados deberá decidir sobre esta iniciativa el próximo 11 de marzo, mientras el plazo para la sanción ficta vence el 20 del mismo mes.
Fuente: ABC Color
