La Itaipú Binacional, bajo la dirección paraguaya de Justo Zacarías Irún, destinó más de G. 1,4 billones (aproximadamente USD 184 millones) en adquisiciones sin control fiscal durante un período de 13 meses. Estos fondos, utilizados entre enero de 2024 y febrero de 2025, financiaron compras que no están vinculadas al funcionamiento de la entidad hidroeléctrica y fueron canalizados a través de intermediarios como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI) y la Fundación Tesãi.
El mecanismo empleado para estas adquisiciones constituye un evidente “baipaseo” a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), evitando también la fiscalización de la Contraloría General de la República. Esta modalidad de contratación genera dudas sobre la transparencia de los procesos, con indicios de direccionamiento y posibles sobreprecios en las compras realizadas. La cifra revelada podría ser aún mayor, considerando que estas organizaciones intermediarias ocultan información sobre los montos totales y documentos correspondientes.
Entre las adquisiciones cuestionadas figuran las patrulleras para el Ministerio del Interior-Policía Nacional. Itaipú asignó recursos tanto a Unops como a PTI para este fin, mediante un convenio de “fortalecimiento de la seguridad ciudadana”. En ambos casos, los Pliegos de Bases y Condiciones parecen direccionados hacia la concesionaria Toyotoshi SA, representada por Blanca Rivarola y Marcelo Toyotoshi. PTI adquirió 390 camionetas tipo pickup por G. 122.571 millones, mientras que Unops firmó un acuerdo a largo plazo con la misma empresa para la adquisición de patrulleras a USD 41.112 cada una.
Otro caso emblemático es la compra de aproximadamente 330.000 pupitres escolares de origen chino por más de G. 248.713 millones. Este proceso, también con indicios de irregularidades, fue adjudicado por Itaipú a la empresa Kamamya SA, perteneciente al empresario Long Jiang, quien coincidentemente “presta” sus aviones al vicepresidente Pedro Alliana. Adicionalmente, tanto Unops como Itaipú aparecen vinculadas a otras compras, como equipamientos para oficinas gubernamentales, maquinarias viales y equipos informáticos.
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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) también participa en esta red de convenios cuestionados. El 23 de diciembre de 2024, firmó contratos con PTI-PY para la construcción de tres obras viales por valor de USD 67 millones. Estos convenios permanecen ocultos a la fecha, incumpliendo la obligación legal establecida en la Ley 5282/2024, que exige su publicación en el apartado de Transparencia Gubernamental del sitio web ministerial.
La Fundación Tesãi, por su parte, ha destinado fondos principalmente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entre sus adquisiciones recientes se encuentran ambulancias para el SEME y equipamientos para el Gran Hospital del Sur, con precios referenciales que ascienden a G. 212.147 millones en 2025. Estas operaciones se suman al esquema de contrataciones realizadas con recursos de Itaipú sin la debida fiscalización estatal.
Fuente: ABC Color
