El Instituto de Previsión Social (IPS) evidencia un patrón de aplicación selectiva de su estatuto cuando se trata de funcionarios imputados por la justicia paraguaya. La institución suspende sin sueldo a algunos empleados. Esto es especialmente para quienes no están alineados con el gobierno actual. Sin embargo, también promueve a otros que enfrentan situaciones similares.
El Decreto N° 8841 del 16 de abril de 2018 establece el Estatuto del Funcionario del IPS. Su artículo 40 dice que cualquier funcionario acusado de un delito debe ser suspendido sin pago durante el proceso judicial. Esta normativa, sin embargo, parece aplicarse con criterios variables según la afinidad política del imputado.
Un análisis comparativo de dos casos recientes ilustra esta disparidad. Guillermo Preda Galeano, quien estuvo comisionado en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero entre 2018 y 2023, fue imputado el 11 de marzo de 2024 por supuesta filtración de informes antilavado sobre el expresidente Horacio Cartes. Apenas dos meses después, el IPS decretó su suspensión sin goce de sueldo.
Marcado contraste en el tratamiento
César Daniel Ojeda, exintendente interino de Asunción en 2021, está vinculado al movimiento cartista. El 2 de septiembre de 2024, fue imputado por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González. Esto ocurrió en el caso «detergentes de oro». Después de ocho meses, no solo continúa trabajando en la institución, sino que ocupa un alto cargo como coordinador de la Dirección de Hospitales del Área Interior.
Esta posición, a la cual accedió el 10 de abril de 2024, le reporta un salario superior a 14 millones de guaraníes mensuales. El caso de Ojeda involucra también al actual intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, perteneciente a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y de línea cartista.
La dirección jurídica del IPS, a través de su titular José González, justifica esta discrepancia argumentando que aún esperan respuesta del juez Rodrigo Estigarribia sobre la confirmación de la imputación contra Ojeda. González asegura que remitieron una nota al magistrado el 2 de octubre de 2024 consultando si la imputación estaba firme.
Decisión pendiente en el Consejo
Según González, tras recibir la respuesta judicial, se elaborará un dictamen. Este dictamen se presentará al Consejo de Administración del IPS, que decide sobre la situación laboral de Ojeda. El director jurídico menciona que 23 funcionarios de la institución están suspendidos sin sueldo por enfrentar imputaciones.
El contraste entre ambos casos plantea dudas sobre los criterios de la previsional para aplicar su reglamento. Preda Galeano, ligado a la administración de Mario Abdo Benítez (2018-2023), fue suspendido rápidamente. En cambio, Ojeda, vinculado al sector cartista, no solo sigue en su puesto, sino que también tiene una posición jerárquica con un salario privilegiado.
Este trato diferente sugiere que hay motivaciones políticas en las decisiones del IPS. Esto va en contra de los principios de equidad y transparencia que deben guiar a las instituciones públicas en Paraguay. La aplicación inconsistente del estatuto debilita la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad del sistema previsional.
La situación muestra un patrón preocupante en la administración pública. Las normativas se interpretan con flexibilidad según conveniencias sectoriales o partidarias. Esto afecta la credibilidad institucional y puede ser una forma de persecución laboral contra funcionarios de ciertas líneas políticas.
El caso también inicia un debate sobre la necesidad de mejores controles. Estos controles deben asegurar que las normas administrativas se apliquen de manera justa en las entidades estatales. Esto debe hacerse sin importar las afiliaciones políticas de los funcionarios.
Fuente: ABC Color
