La oposición política paraguaya presentará este martes una denuncia formal ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en protesta contra recientes modificaciones introducidas al marco legal electoral. Estas reformas, impulsadas y aprobadas por el Partido Colorado (ANR), son consideradas por los sectores disidentes como una amenaza a la participación democrática y al equilibrio electoral del país.
Uno de los principales puntos cuestionados es la derogación de la inscripción automática al Registro Cívico Permanente, lo cual imposibilita que cerca de 580.000 ciudadanos —en su mayoría residentes en el exterior o adultos mayores— sean incluidos de oficio en el padrón electoral. Esta modificación fue introducida a través de una ley sancionada en diciembre de 2024 y promulgada posteriormente por el Poder Ejecutivo.
Otro foco de crítica es el proyecto de ley conocido como “anti concertaciones”, el cual introduce restricciones que impiden el uso del padrón nacional en las internas de alianzas opositoras. Esta medida contradice fallos anteriores del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que habilitaban dicho uso, afectando directamente la estrategia de unidad de los sectores no oficialistas de cara a comicios futuros.
El proyecto fue presentado por el diputado José Rodríguez, aprobado inicialmente por la Cámara de Diputados, luego modificado en el Senado y actualmente aguarda una nueva definición en la cámara de origen antes de su eventual promulgación por el Poder Ejecutivo.
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La oposición también señala con preocupación la reciente aprobación de un paquete de reformas en la Cámara de Diputados en apenas siete minutos. Este bloque de medidas se relaciona con aspectos clave del financiamiento político, generando suspicacias sobre su intención y rapidez, sin debate previo ni consenso multipartidario.
Según los voceros opositores, esta celeridad responde a un esquema predefinido para consolidar ventajas estructurales a favor del oficialismo, en detrimento del pluralismo político. Esta situación, aseguran, vulnera garantías democráticas fundamentales.
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El senador Eduardo Nakayama advirtió que estas maniobras legislativas replican modelos utilizados en regímenes de concentración de poder, haciendo una comparación con sistemas como el venezolano. La denuncia internacional se enmarca en esta interpretación de riesgo institucional, que busca visibilizar la situación ante organismos multilaterales y embajadas extranjeras.
El pronunciamiento ante la comunidad internacional incluye notas formales y argumentaciones jurídicas, en un intento de frenar lo que consideran una tendencia preocupante hacia la hegemonía política por vía de reformas legales.
Fuente: Última Hora