La Fiscalía General de la República formalizó la imputación contra Guillermo Andrés Bernal Aponte, funcionario del Ministerio Público que se desempeñaba como secretario de unidad fiscal, por presuntamente falsificar la firma y el sello del agente fiscal Silvio Corbeta. El caso representa un grave quiebre en los protocolos de seguridad institucional y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno en la institución encargada de perseguir delitos.
El fiscal Giovanni Grisetti presentó la imputación formal contra Bernal por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y acceso indebido a sistemas informáticos, ambos en calidad de autor. La causa penal avanza mientras el funcionario ha sido convocado a prestar audiencia indagatoria el próximo 27 de mayo, donde deberá responder sobre las graves acusaciones que podrían resultar en severas consecuencias legales y administrativas.
El Ministerio Público solicitó medidas cautelares significativas contra el imputado, incluyendo la prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio y de modificar su número telefónico sin autorización judicial previa. Adicionalmente, la fiscalía requirió que se le impida acercarse a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción y al Laboratorio Forense del Ministerio Público, así como establecer contacto con funcionarios de estas dependencias por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales.
Los hechos investigados se remontan al 14 de agosto de 2024, cuando Bernal Aponte, aprovechando la ausencia por vacaciones del fiscal Silvio Corbeta, habría elaborado una nota oficial utilizando la firma y el sello falsificados de su superior. El documento en cuestión solicitaba la constitución de funcionarios del Laboratorio Forense a Ciudad del Este para realizar diligencias relacionadas con la verificación de obras públicas, en el marco de causas penales abiertas contra el intendente Miguel Prieto por presunta lesión de confianza.
La irregularidad salió a la luz cuando se comprobó que tanto el sello como la firma plasmados en el documento no correspondían a los originales utilizados por el fiscal Corbeta. La gravedad del caso aumentó al determinarse que el imputado habría accedido sin autorización al correo institucional del agente fiscal para enviar la comunicación oficial, vulnerando múltiples protocolos de seguridad establecidos para garantizar la integridad de las comunicaciones oficiales del Ministerio Público.
Este caso tomó estado público el 4 de marzo de 2025, cuando el abogado Rodrigo Villamayor, director de Denuncias Penales del Ministerio Público, remitió copias del sumario administrativo iniciado contra Bernal por faltas administrativas. La investigación preliminar determinó que las acciones del secretario fiscal se realizaron mientras Corbeta estaba de vacaciones y su despacho era interinado por los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez y Lonardi Guerrero, quienes no tuvieron conocimiento ni autorizaron la emisión del documento cuestionado.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
La situación ha generado preocupación en círculos judiciales por las implicancias que tiene la falsificación de documentos en una institución como el Ministerio Público, encargada precisamente de perseguir este tipo de delitos. Fuentes consultadas señalan que el caso podría derivar en una revisión de los protocolos de seguridad y acceso a documentación oficial, especialmente durante períodos de ausencia de fiscales titulares, para prevenir situaciones similares en el futuro.
El caso adquiere mayor relevancia considerando que la falsificación involucraba diligencias relacionadas con investigaciones de alto perfil contra el intendente de Ciudad del Este, lo que genera interrogantes sobre las motivaciones detrás de estas acciones y si existían intereses particulares en acelerar o direccionar ciertas diligencias investigativas sin el conocimiento ni la autorización de los agentes fiscales responsables de supervisar dichos procedimientos.
Fuente: ABC Color
