La Municipalidad de Asunción, liderada por el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), presentó al Ministerio del Interior una solicitud formal para desestimar el pedido de intervención hecho por la Contraloría General de la República (CGR). El argumento principal es una supuesta falta de competencia del órgano contralor para solicitar dicho procedimiento, posición que contradice lo establecido por la Constitución Nacional y la Ley 317/94.
Juan José Armoa, jefe del Departamento de Acciones Judiciales del municipio, sostuvo que solo la Junta Municipal o el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de Diputados, pueden solicitar la intervención de una comuna. Sin embargo, el artículo 165 de la Constitución establece que una intervención puede iniciarse “por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República”.
La Ley 317/94, mencionada por la propia Municipalidad, también reconoce que la Contraloría puede detectar irregularidades y solicitar una intervención. A pesar de esto, el documento municipal alega que la CGR debió limitarse a remitir su informe sin formular una recomendación expresa, considerándola como una interferencia política en las atribuciones del Ejecutivo.
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En su defensa, la Municipalidad señala que las documentaciones reclamadas por la Contraloría ya se encuentran en la Fiscalía de Delitos Económicos, en el marco de investigaciones sobre el uso de fondos provenientes de bonos municipales. También recordó que existe un juicio contencioso-administrativo ante el Tribunal de Cuentas en el que se impugnan los señalamientos del órgano contralor.
El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, es mencionado como la instancia competente para resolver diferencias en torno a las rendiciones de cuentas. No obstante, este tribunal ha sido objeto de críticas por posibles vínculos con actores políticos y familiares del intendente, lo que pone en tela de juicio su imparcialidad.
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El pedido de intervención por parte de la Contraloría fue formulado el 3 de julio de 2023, luego de un informe que reveló graves irregularidades en la gestión de los bonos G8 y G9. Según la CGR, se habrían desviado G. 500.000 millones, utilizando la figura de una “cuenta única”, contraria a la Ley Orgánica Municipal. La solicitud también afecta a la administración de Ciudad del Este.
Fuente: ABC Color
