Chile procesa por primera vez adopciones irregulares

El juez de apelaciones Alejandro Aguilar dictó el primer procesamiento por sustracción de menores durante la dictadura de Augusto Pinochet, marcando un precedente histórico en la justicia chilena. El magistrado acusó a cinco personas de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa por hechos ocurridos en San Fernando durante la década de 1980.

La investigación determinó que existió una red integrada por abogados, sacerdotes católicos, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza para detectar y entregar en adopción a menores de familias de escasos recursos a parejas extranjeras. Los pagos por estas adopciones irregulares alcanzaban hasta 50.000 dólares americanos por menor.

El tribunal ordenó prisión preventiva para los cinco acusados mientras dura la investigación. Además, solicitó la extradición desde Israel de la primera encausada, ampliando el alcance internacional del proceso judicial. Los hechos involucran la adopción irregular de dos menores entregados a matrimonios extranjeros en la comuna ubicada a 140 kilómetros de Santiago.

El magistrado desestimó que los delitos hayan prescrito porque se trata de delitos de lesa humanidad perpetrados en un régimen militar que deben ser sancionados según la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta clasificación permite perseguir judicialmente estos crímenes sin limitaciones temporales, estableciendo un marco legal fundamental para futuros casos similares.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda esta interpretación judicial. El reconocimiento de estos hechos como crímenes contra la humanidad amplía las posibilidades de persecución penal y reparación para las víctimas de estas redes sistemáticas de sustracción infantil.

Durante la dictadura pinochetista (1973-1990), dos modalidades caracterizaron las adopciones irregulares. Algunos niños procedían de familias ricas que dieron en adopción bebés nacidos fuera del matrimonio, mientras otros de familias pobres eran directamente robados. Esta diferenciación social evidencia el carácter sistemático y discriminatorio de las prácticas.

Hasta 2022 se buscaban en Chile al menos 50.000 niños que habrían sido entregados en adopción irregular, según estimaciones de la fundación Madres e Hijos del Silencio. Esta cifra revela la magnitud del sistema de sustracción infantil operado durante la dictadura militar, afectando a decenas de miles de familias chilenas y adoptantes internacionales.

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El procesamiento marca el inicio de un proceso judicial que podría sentar precedentes para casos similares en toda América Latina. La decisión judicial reconoce oficialmente la existencia de redes organizadas de tráfico infantil durante regímenes autoritarios, abriendo caminos legales para la búsqueda de verdad, justicia y reparación en casos de adopciones irregulares históricas.

Fuente: CNN