El juicio oral y público al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, y al empresario Alberto Koube comenzó con la presentación de incidentes tanto por parte del Ministerio Público como de las defensas. La audiencia está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Elsa García e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Ana Rodríguez Brozón. La continuidad del juicio fue programada para este viernes 6 de junio.
El fiscal Silvio Corbeta solicitó la inclusión de nuevos testigos y la incorporación de un disco duro que contiene información del caso A Ultranza Py. Estos elementos habían sido excluidos anteriormente en la audiencia preliminar por el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia. La Fiscalía sostiene que son relevantes para probar la acusación de una supuesta red de direccionamiento de licitaciones a favor de empresas vinculadas a Koube.
La defensa del exministro Roa, representada por los abogados Rodrigo y Gustavo González Planás, pidió al Tribunal la exclusión de pruebas que consideran fueron obtenidas de manera irregular. Entre ellas, figura el yate Azimut AZ 42, entregado presuntamente como dádiva a Roa. Según los abogados, su incautación fue realizada sin orden judicial y las medidas cautelares se dictaron recién cuatro meses después del operativo en la causa A Ultranza.
Además, la defensa solicitó la exclusión del disco duro que contiene las pruebas del caso A Ultranza Py, argumentando que pertenece a otro expediente y que no tuvieron acceso completo a ese material. Afirmaron que se rompió la cadena de custodia, ya que el documento fue lacrado y enviado al Juzgado de Garantías en noviembre de 2023 con el lacrado ya deteriorado.
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Los abogados de Alberto Koube, Rodrigo Álvarez y Mario Bobadilla, se sumaron a los planteamientos de la defensa de Roa. También solicitaron al Tribunal de Sentencia el rechazo de los incidentes presentados por el Ministerio Público y respaldaron la exclusión de las pruebas cuestionadas por la defensa técnica del exministro.
En paralelo, Koube participa del juicio oral por medios telemáticos desde la Penitenciaría de Emboscada Antigua, donde cumple medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía acusa a Joaquín Roa de haber recibido beneficios de su amigo Alberto Koube a cambio de direccionar licitaciones públicas a empresas vinculadas a este último. Entre 2018 y 2021, la SEN habría adjudicado contratos por más de G. 16.080 millones a través de empresas como Grupo Tapyracuai, JPA Logística y otras sociedades presuntamente vinculadas a Koube.
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El Ministerio Público sostiene que estas adjudicaciones se hicieron de forma sistemática durante la administración de Roa, quien estuvo al frente de la SEN entre 2013 y 2022. Los fiscales apuntan a que la entrega del yate y otras dádivas prueban la asociación criminal y el presunto lavado de activos.
La causa surgió de datos obtenidos durante los allanamientos realizados en el marco del caso A Ultranza Py, el 22 de febrero de 2022. La Fiscalía afirma que la inmovilización del yate Antares, registrado a nombre de la empresa Tapyracuai SA, es clave para sostener la acusación de que Roa recibió beneficios a cambio de adjudicar contratos estatales.
Fuente: ABC Color
