La Cámara Alta aborda este miércoles una propuesta legislativa que pretende que las aplicaciones de transporte y delivery cuenten obligatoriamente con un sistema de botón de pánico conectado al Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional. El proyecto de ley fue presentado por los senadores Éver Villalba del Partido Liberal Radical Auténtico y José Oviedo de Yo Creo, ex Cruzada Nacional, como respuesta al preocupante aumento de hechos de violencia e inseguridad que afectan tanto a trabajadores como a usuarios de plataformas digitales de transporte como Uber, Bolt, MUV y servicios de delivery. La iniciativa legislativa se encuentra en el tercer punto del orden del día de la sesión ordinaria del Senado y busca establecer medidas de protección tecnológica para mejorar la seguridad en el sector del transporte digital.
En la exposición de motivos del proyecto, los senadores señalan que Paraguay ha registrado en los últimos años un aumento significativo de hechos de violencia e inseguridad que comprometen la integridad física de trabajadores y usuarios de estas plataformas. Según datos oficiales de la Policía Nacional citados en el documento, durante 2023 se reportaron al menos 85 denuncias de robos o agresiones a repartidores únicamente en Asunción y el área metropolitana. Sin embargo, los proyectistas aclaran que estas cifras representan solo una fracción de los casos reales, ya que muchos trabajadores no formalizan las denuncias por temor a represalias o pérdida de sus fuentes laborales, lo que sugiere que la problemática es aún mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales.
Vulnerabilidad de trabajadores y usuarios
Los senadores subrayan que los trabajadores de plataformas digitales se encuentran altamente expuestos a situaciones de riesgo debido a las características específicas de su actividad laboral. Estos trabajadores operan mayoritariamente en horarios nocturnos, recorren barrios considerados vulnerables desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y desarrollan sus actividades en condiciones laborales precarias y desreguladas que no les proporcionan protección institucional adecuada. Esta combinación de factores los convierte en blancos frecuentes de la delincuencia común.
La inseguridad también afecta significativamente a los usuarios de estos servicios, especialmente en el sector transporte, donde han ocurrido casos documentados de asaltos, robos e incluso abusos sexuales durante los trayectos. Los proyectistas destacan que la implementación de herramientas tecnológicas de seguridad se ha convertido en una necesidad urgente para proteger a todos los actores involucrados en este ecosistema digital de servicios de transporte y delivery.
Los senadores resaltan que diversos países ya han implementado herramientas tecnológicas obligatorias similares en sus plataformas digitales de transporte. En Argentina, específicamente la provincia de Mendoza, exige desde 2021 que todas las plataformas de transporte incluyan un botón de pánico conectado directamente con el sistema de emergencias 911. En Colombia, actualmente se encuentra en estudio una ley que prevé también este tipo de integración tecnológica obligatoria para plataformas digitales.
Los proyectistas argumentan que Paraguay no puede quedarse rezagado ante esta problemática de seguridad ciudadana, especialmente considerando que la conectividad y geolocalización ya forman parte estructural de estas aplicaciones. La infraestructura tecnológica necesaria para implementar estas medidas de seguridad ya existe en las plataformas, por lo que la incorporación del botón de pánico no requeriría desarrollos tecnológicos complejos sino adaptaciones de los sistemas existentes.
Características técnicas del botón de pánico
El texto del proyecto de ley establece especificaciones técnicas precisas para el funcionamiento del botón de pánico obligatorio. La funcionalidad debe estar ubicada de forma accesible e intuitiva para el usuario, conductor o repartidor en la interfaz principal de la aplicación, garantizando que pueda ser activada fácilmente en situaciones de emergencia. El sistema debe activarse de forma inmediata con una sola acción del usuario, sin requerir procedimientos complejos que puedan resultar difíciles de ejecutar bajo situaciones de estrés o peligro.
Una vez activado, el botón debe generar automáticamente una alerta silenciosa al Sistema de Emergencias 911, incluyendo la ubicación georreferenciada en tiempo real del dispositivo desde donde se realizó la activación. Esta función de geolocalización resulta fundamental para que las fuerzas de seguridad puedan responder rápidamente y dirigirse al lugar exacto donde se está desarrollando la emergencia, optimizando los tiempos de respuesta institucional.
El Ministerio del Interior, a través del Sistema de Emergencias 911, será la autoridad encargada de supervisar la implementación técnica del sistema en todas las plataformas que operen en territorio paraguayo. Esta institución deberá establecer los protocolos específicos de recepción y atención de alertas generadas por los botones de pánico, garantizando una respuesta coordinada y eficiente ante cada emergencia reportada. También será responsable de coordinar con las empresas la integración tecnológica correspondiente para asegurar la compatibilidad entre los sistemas.
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El proyecto establece sanciones significativas por incumplimiento de la normativa. Las multas pueden alcanzar hasta 5.000 jornales mínimos legales vigentes, lo que representa una sanción económica considerable para las empresas que no cumplan con la obligación. En casos de persistir el incumplimiento, se prevé la suspensión temporal de la operación de la plataforma en territorio nacional hasta que se realice la adecuación correspondiente. En situaciones de reincidencia, la sanción máxima contempla la cancelación definitiva del registro comercial correspondiente.
De aprobarse definitivamente la ley, las plataformas digitales de transporte y delivery contarán con un plazo máximo de 180 días corridos, contados a partir de la promulgación de la norma, para adecuar completamente sus sistemas e incorporar la funcionalidad del botón de pánico. Este período se considera suficiente para que las empresas realicen las adaptaciones tecnológicas necesarias sin afectar la continuidad de sus servicios durante el proceso de implementación.
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Paralelamente, el Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad de reglamentar la ley en un plazo no mayor a 60 días desde su promulgación, estableciendo los procedimientos específicos, protocolos de operación y estándares técnicos que deberán cumplir las plataformas. Esta reglamentación será fundamental para garantizar la implementación uniforme y efectiva de la medida en todas las empresas del sector, estableciendo criterios claros para el cumplimiento de la normativa.
Fuente: Última Hora
