Paraguay enfrenta una amenaza de extorsión por parte de un grupo de ciberdelincuentes que exige el pago de USD 7,4 millones para no divulgar datos personales sustraídos de sistemas gubernamentales. La organización criminal, identificada como Brigada Cyber PC, dio plazo hasta este viernes 14 de junio para que se realice el pago, según reportes de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Consultado por la red investigativa, el ministro del Mitic, Gustavo Villate, adelantó que el Gobierno Nacional no accederá al pago del rescate. Esta postura fue respaldada por varios especialistas en seguridad informática, quienes señalan que ceder ante estos chantajes solo fortalece un modelo delictivo internacional que genera miles de millones de dólares anuales.
El analista Luis Benítez explicó que, aunque el sector privado muchas veces opta por pagar para recuperar sus sistemas, la recomendación internacional sigue siendo firme: no pagar. “De todos los casos que atendí en Paraguay, las empresas pagaron. Sin embargo, esto no debería trasladarse al Estado, porque fomenta la continuidad del delito”, sostuvo.
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Joaquín Morínigo, experto en nuevas tecnologías, coincide en que no existen garantías de recuperación de datos tras el pago. “Hay casos donde se paga y de igual forma se publican los datos o no se entregan las claves de acceso. Es un riesgo que no vale asumir a nivel estatal”, advirtió.
Miguel Ángel Gaspar, referente en ciberseguridad, alertó que los datos ya fueron filtrados en foros de la dark web, estimando al menos nueve millones de registros comprometidos. Cuestionó la falta de reacción institucional y pidió conocer qué cooperación internacional se activó. “No se trata solo de presentar estrategias en PowerPoint. Se necesitan acciones reales, equipos capacitados y trabajo coordinado con agencias como el FBI o empresas especializadas”, puntualizó.
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Finalmente, los analistas coincidieron en que el país necesita una profunda reforma en materia de gobernanza digital. Propusieron la creación de un organismo autónomo que regule y audite la implementación de estándares de seguridad en todo el ecosistema estatal y privado. Insistieron en que el Mitic debe enfocarse en monitorear el cumplimiento de normas y no en centralizar las decisiones técnicas.
Fuente: Última Hora
