Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina entre 2007 y 2015, confirmó que se entregará ante la Justicia el próximo miércoles 18 de junio. El anuncio se dio tras la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
La exmandataria comunicó su decisión mediante un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, en el que reafirma su intención de presentarse en los tribunales de Comodoro Py. En el mismo mensaje, señaló que solicitará el cumplimiento de su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, conforme a lo que permite la legislación para personas mayores de 70 años.
Fernández explicó que el pedido de arresto domiciliario no se basa en privilegios personales, sino en razones de seguridad vinculadas a su condición de expresidenta. Alegó que, debido a esa investidura, cuenta con custodia permanente, a la que no puede renunciar legalmente. Asimismo, recordó el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2023, como antecedente que justifica la necesidad de condiciones especiales para garantizar su integridad física.
Según su declaración, si bien se está juzgando a los autores materiales del atentado, aún no se ha avanzado en la investigación de los responsables intelectuales ni de los financistas del hecho, lo que aumenta los riesgos personales que enfrenta.
Reacciones políticas y movilizaciones
Diversos referentes del peronismo solicitaron públicamente que se respete la dignidad de la expresidenta durante el proceso judicial, instando a evitar un tratamiento humillante o mediático del caso. Además, cuestionaron que la Justicia haya desestimado otorgar inmediatamente el beneficio del arresto domiciliario.
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El 12 de junio, sectores sociales, sindicales y políticos protagonizaron nuevas movilizaciones en las principales avenidas de Buenos Aires, en señal de protesta contra el fallo judicial. También se organizó un acampe frente a la sede de la Corte Suprema, en reclamo de transparencia y garantías procesales.
Juicio por irregularidades en obras viales
La condena que afecta a Cristina Fernández se originó en un juicio por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, periodo que abarca los gobiernos de Néstor Kirchner y la propia expresidenta. La Fiscalía la acusó de liderar una estructura que favoreció al empresario Lázaro Báez en licitaciones, en perjuicio del Estado.
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Con el fallo de la Corte Suprema, queda firme la sentencia emitida por un tribunal de primera instancia, lo que también impide a Fernández postularse en los próximos comicios legislativos provinciales y nacionales previstos para septiembre y octubre.
La confirmación de la condena y el inminente cumplimiento de la pena de prisión impactan directamente en el panorama político argentino. Cristina Fernández, una figura central del kirchnerismo, quedará inhabilitada para participar en cargos públicos, debilitando la estructura del bloque peronista en un momento clave del calendario electoral.
Fuente: El Tiempo
