Una investigación de Orlando Bareiro para El Nacional revela que el Banco Central del Paraguay destina más de G. 5.200 millones para contratar servicios de guardería infantil destinada a hijos de sus funcionarios. La licitación pública contradice las promesas de austeridad fiscal anunciadas por el Gobierno de Santiago Peña en un contexto de múltiples necesidades sociales insatisfechas en el país.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas registra el llamado a licitación para el “Servicio de Sala Maternal y Guardería Infantil para el BCP”, proceso que actualmente se encuentra en etapa de evaluación. El monto millonario contrasta con la situación económica general de la población paraguaya y las declaraciones gubernamentales sobre reducción del gasto público.
Cinco empresas presentaron ofertas para acceder al contrato: María Gabriela Velilla, María de Jesús Rolón Fleitas, Gisela Patricia Sisa Duarte, Alegría y Color SRL y Kinder Club DTA. El proceso licitatorio ha generado controversias desde su inicio, evidenciando posibles irregularidades en las condiciones establecidas.
Justificaciones oficiales del millonario gasto
El pliego de bases y condiciones establece dos argumentos principales para justificar la contratación. El primero se basa en la obligatoriedad establecida por el Código Laboral Paraguayo, específicamente el Artículo 134, que exige salas maternales en establecimientos con más de cincuenta trabajadoras mujeres para niños menores de dos años.
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La segunda justificación apunta al apoyo institucional hacia los funcionarios en el cuidado de sus hijos durante la jornada laboral. Según el documento, esta medida beneficiaría la productividad institucional al permitir que los padres se concentren en sus actividades laborales sabiendo que sus hijos reciben atención adecuada y estimulación educativa apropiada para su edad.
El pliego también contempla servicios de colonia de vacaciones, con programas recreativos que incluyen desarrollo de creatividad, artes y deportes. Esta actividad se realizaría durante el inicio de cada período vacacional, hasta que los funcionarios puedan tomar sus propias vacaciones laborales para compartir tiempo familiar.
Denuncias y protestas contra las condiciones
El proceso licitatorio enfrentó múltiples cuestionamientos desde organismos de control. La DNCP realizó casi diez verificaciones al llamado, reflejando irregularidades o inconsistencias en los procedimientos establecidos. Estas revisiones repetidas sugieren problemas estructurales en la formulación inicial del pliego.
Lilian Josefina Amarilla Benítez presentó una denuncia formal contra el Pliego de Bases y Condiciones, argumentando posibles restricciones a la libre competencia. La DNCP designó al funcionario Daniel Olmedo para investigar las denuncias presentadas y determinar la validez de los cuestionamientos realizados.
La investigación oficial concluyó que la protesta carecía de argumentos suficientes para modificar las condiciones establecidas. Sin embargo, la denuncia señalaba que los requisitos de experiencia y las condiciones para consorcios podrían limitar artificialmente la participación de potenciales oferentes, restringiendo la competencia y favoreciendo a empresas específicas.
Fuente: Orlando Bareiro para El Nacional
