El juez penal adolescente Camilo Torres analizó la propuesta legislativa con media sanción en el Senado para elevar las penas a 15 años y sostuvo que aumentar el castigo no servirá sin políticas estatales protectoras para este sector vulnerable de la sociedad.
Torres explicó que estas respuestas no abordan las verdaderas causas del problema, sino que generan un efecto placebo en la sociedad. Según el especialista, de nada servirá discutir el aumento de penas o medidas contra adolescentes si antes el Estado no destina mayores fondos y mejora sus políticas públicas para esta franja etaria.
El experto en materia juvenil destacó que la delincuencia juvenil constituye un problema complejo con características diferentes a la criminalidad ordinaria, por lo que requiere un enfoque específico y diferenciado. Las políticas públicas deben apuntar a la protección del adolescente que está en etapa de crecimiento, no al recrudecimiento de medidas que podrían tener consecuencias negativas.
Torres subrayó que la ley otorga a los adolescentes mayores garantías debido a su condición de personas en etapa de crecimiento con autonomía progresiva, lo que impide que sean tratados como adultos. Advirtió que los jóvenes que no reciben atención, tratamiento o reeducación adecuados durante su paso por el sistema penal pueden convertirse en clientes fieles del mismo.
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El especialista señaló que con el tiempo, estos jóvenes pueden perfeccionar no solo la comisión de infracciones sino también su gravedad. Por esta razón, enfatizó que el Estado debería adoptar con urgencia medidas de prevención y atención a niños y jóvenes en situación de riesgo, protegiéndolos también de personas mayores que los utilizan para su propio beneficio.
Torres insistió en que si los mecanismos de prevención no funcionan, debe priorizarse el tratamiento adecuado. Solo cuando resulten insuficientes las medidas socioeducativas y correccionales, se debe recurrir a un sistema de privación de libertad verdaderamente preparado para menores en conflicto con la ley penal.
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El experto afirmó que si poco o nada se hace con los menores durante su paso por centros de reeducación, se les podría impedir cambiar de rumbo. Esta situación se agrava considerando que muchos ingresan al sistema juvenil tras sufrir conflictos derivados del uso de estupefacientes, maltratos y abandono familiar. Torres concluyó que el Estado, la sociedad y la familia deben colaborar en el desarrollo integral de niños y niñas, destinando recursos necesarios para políticas públicas serias y efectivas que prioricen medidas preventivas sobre soluciones parciales que castigan a la parte más vulnerable.
Fuente: Judiciales.net
