La Fiscalía Adjunta, a través del fiscal Diego Arzamendia, solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que se admita el recurso extraordinario de casación promovido en el caso Renato Rojas Talavera. El objetivo es anular las sentencias que absolvieron a la médica Laura Andrea Sena Figueredo, acusada por la supuesta comisión de homicidio culposo y omisión de auxilio tras la muerte del menor de dos años, ocurrida en agosto de 2019 en un sanatorio privado de Asunción.
El pedido responde al traslado del recurso presentado por los abogados querellantes de la familia Rojas Talavera, quienes cuestionaron los fallos que absolvieron a la profesional. La absolución fue ratificada en diciembre de 2024 por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, en mayoría, tras el juicio oral celebrado el 23 de julio de ese mismo año.
Arzamendia argumentó que el recurso es jurídicamente admisible y que el fallo apelado contiene defectos sustanciales. Según explicó, el dictamen pericial elaborado por la Junta Médica fue analizado de forma parcial y no se atendieron objeciones relacionadas con las declaraciones testificales de profesionales como Nancy Garay, Lissa Samudio y Pablo Lemir. Afirmó que la fundamentación del fallo fue insuficiente y se apartó del principio de sana crítica.
Además, señaló que hubo inconsistencias entre las declaraciones iniciales y las sostenidas posteriormente por los mismos peritos, lo cual debió haber sido debidamente ponderado. Por ello, la Fiscalía considera que tanto el fallo del juicio oral como la sentencia del tribunal de apelación carecen de validez jurídica.
En su presentación, la Fiscalía solicitó la nulidad del fallo de apelación y del juicio oral que absolvió a la médica. En consecuencia, planteó el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio oral, esta vez con estricto apego a los principios de objetividad, integridad probatoria y legalidad procesal.
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La causa será analizada por los ministros de la Sala Penal de la Corte: Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes. Se aguarda que la máxima instancia defina si corresponde anular las sentencias y abrir un nuevo proceso oral, lo cual podría reactivar el caso tras más de cinco años del fallecimiento del menor.
En forma paralela, los representantes legales de la familia del niño presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la decisión que otorgó el sobreseimiento definitivo a los médicos María de Fátima Bastos Ausfeld, José Manuel Ovando y Óscar Feliciano Cabrera Román, inicialmente imputados por omisión de auxilio.
El argumento principal radica en que la respuesta al trámite de oposición fue dada por un fiscal adjunto y no por el fiscal general del Estado, como establece la normativa. Esta acción se encuentra en etapa de análisis ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que deberá determinar si hubo una violación del procedimiento previsto.
El fallecimiento de Renato Rojas Talavera en el Sanatorio Migone generó una causa penal compleja que involucró inicialmente a varios profesionales médicos. Las investigaciones se centraron en la presunta negligencia y la omisión de atención médica oportuna, lo cual habría contribuido al desenlace fatal.
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Desde entonces, el proceso fue atravesado por recursos, apelaciones y cuestionamientos al manejo fiscal y judicial de la causa. Pese a las imputaciones iniciales, varios de los acusados fueron sobreseídos de forma definitiva, lo cual motivó la presentación de acciones legales por parte de los querellantes y el Ministerio Público.
Ambos pedidos —la casación presentada por la Fiscalía y la acción de inconstitucionalidad presentada por la querella— se encuentran actualmente bajo estudio en la Corte Suprema de Justicia. Las resoluciones que se adopten definirán si se reabre el caso y se realiza un nuevo juicio oral o si se mantienen las absoluciones dictadas en instancias anteriores.
Fuente: Última Hora
