La defensa del procesado Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, denunció nuevamente la imposibilidad de entrevistarse en condiciones adecuadas con su representado, pese a una orden expresa del Tribunal de Sentencia. El abogado Álvaro Arias señaló que se dificulta el derecho a una defensa técnica efectiva, en el marco del juicio oral por el caso A Ultranza Paraguay.
La jueza María Luz Martínez, presidenta del tribunal, dispuso que se facilite el acceso privado, más frecuente y prolongado entre el equipo jurídico y el procesado, respetando el principio de confidencialidad. La resolución recuerda que incluso internos de alta peligrosidad deben poder ejercer su derecho a la defensa sin interferencias institucionales.
Sin embargo, la defensa sostiene que la orden no se está cumpliendo. Según Arias, los encuentros son breves, limitados a 20 minutos, y en condiciones que comprometen la confidencialidad: vigilancia armada, separación con vidrio, monitoreo audiovisual y grabación del audio de las conversaciones.
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El letrado afirmó que estas condiciones impiden preparar adecuadamente la estrategia de juicio. Agregó que Insfrán permanece bajo un régimen de máxima seguridad, siendo el único procesado del penal de Minga Guazú, mientras que los demás reclusos ya tienen condena firme.
Ante estas irregularidades, la defensa presentó un hábeas corpus genérico, cuya admisión fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema. El recurso denuncia condiciones inconstitucionales de reclusión y solicita garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa y trato digno al acusado.
El escrito también critica las limitaciones impuestas por el tribunal para la comparecencia de los abogados, que deben dividirse entre la sede judicial y el penal. La defensa considera esta medida una barrera para la coordinación efectiva del equipo legal.
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La defensa sostiene que el traslado de Insfrán desde Viñas Cué a Minga Guazú se realizó de forma abrupta y sin garantías, describiéndolo como una “operación comando” que vulneró su integridad y agravó las condiciones de detención.
Por último, el escrito señala que el trato actual lo equipara a figuras del crimen organizado internacional, lo cual —según la defensa— vulnera principios de presunción de inocencia y dignidad humana. La Corte deberá resolver si estas condiciones afectan los derechos procesales del acusado.
Fuente: Última Hora
