La Cámara Paraguaya de Controladores de Plagas (CPCP) cuestiona públicamente los pliegos de licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) para el servicio de control de plagas. La entidad gremial advierte que las condiciones impuestas por la Unidad Operativa de Contrataciones del IPS excluyen de forma sistemática a empresas habilitadas por DIGESA, restringiendo la competencia en favor de una sola firma.
En las dos últimas convocatorias, esta empresa resultó adjudicada. La CPCP identificó que los pliegos incluyen requisitos técnicos y administrativos que no se justifican en términos de salud pública ni operatividad, pero sí coinciden con la capacidad instalada y comercial de una sola oferente.
Antecedentes y conexiones de la oferente
Investigaciones previas de medios nacionales ya habían advertido sobre el crecimiento abrupto de contratos adjudicados a esta firma. Un artículo de Última Hora reveló que el contrato de fumigación del IPS saltó de G. 2.100 millones en 2018 a más de G. 9.500 millones en 2021, beneficiando al mismo proveedor, Fumipro.
En esa misma línea, el empresario y rallista Diego Beconi Ochipinti, vinculado a Fumipro, aparecía como síndico de una empresa señalada como “fantasma” con el nombre de Productos Paraguayos (ProdPar), que obtuvo millonarias adjudicaciones para servicios de limpieza en instituciones del Estado.
Según una investigación de Última Hora publicada en 2021, entre sus representantes figuraban directivos de la firma ZAE S.A., conocida como Credi Ágil. La sociedad fue constituida por Carlos Duarte Argüello, Luis Aguilera Burró y Rubén Etiene Fernández, quienes integraron el primer directorio junto con Beconi Ochipinti.
La empresa no operaba en la dirección declarada, y el número telefónico impreso en sus facturas tampoco correspondía. El propio representante legal no pudo acreditar la existencia física de la firma.
Puntos cuestionados en la licitación
Uno de los puntos más controvertidos es la exigencia de un producto con composición química específica, sin mencionar su nombre comercial. Solo una empresa posee la autorización del fabricante para su uso, lo que elimina automáticamente a cualquier otro competidor. El gremio denuncia que esta exclusividad podría estar ligada a un acuerdo comercial por el cual la empresa paga un 4% del contrato al fabricante.
Además, el pliego exige que las empresas tengan sucursales en al menos tres de ocho ciudades predeterminadas. Sin embargo, el IPS no detalla cuáles serán las localidades exactas donde se prestará el servicio. Esta ambigüedad, sumada al carácter obligatorio de este requisito, impide a otros oferentes preparar propuestas viables con antelación.
La CPCP sostiene que esta cláusula favorece a quien ya cuenta con información privilegiada sobre las zonas adjudicables. En Paraguay existen 255 municipios, pero el PBC omite deliberadamente cuáles serán exigidos, dejando margen para descalificar a oferentes que no adivinen correctamente las ubicaciones.
Otro punto cuestionado es la exigencia de documentos redundantes. Aunque el producto ofertado cuenta con Certificado de Libre Venta emitido por la autoridad sanitaria, el IPS solicita nuevamente la autorización del fabricante, ensayos de eficacia, informe toxicológico y certificado de análisis. No se establece qué laboratorios son válidos, lo que abre la puerta a rechazos arbitrarios.
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El gremio también observa un crecimiento anómalo del presupuesto destinado al servicio. En el primer llamado, la licitación se realizó por 2.400 millones de guaraníes. Dos años después, la cifra ascendió a 8.400 millones y, en el último proceso, superó los 21.000 millones.
A esto se suma una contratación adicional por 1.100 millones mediante concurso de ofertas, donde se habría utilizado como referencia un presupuesto de un estudio jurídico, sin antecedentes en el rubro de fumigación. Esta maniobra despierta dudas sobre la base técnica y legal del precio referencial.
Posicionamiento de la CPCP
La CPCP reclama que se revise el pliego y que se permitan condiciones equitativas para todas las firmas habilitadas por DIGESA. Según el gremio, existen más de 50 empresas registradas con capacidad técnica para prestar el servicio, pero ninguna puede competir bajo las condiciones actuales.
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Para los controladores de plagas, la transparencia y la competencia son elementos esenciales para garantizar un servicio eficiente en instituciones públicas. La concentración en un solo proveedor, sin razones objetivas, debilita el control ciudadano y abre la puerta a prácticas cuestionables.
La CPCP prepara acciones ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República.
Por RDN
