Un tribunal electoral mexicano sancionó a Karla Estrella, ama de casa de Hermosillo, por criticar en Twitter a la esposa de un alto funcionario del partido gobernante Morena. El caso ilustra cómo autoridades mexicanas utilizan leyes diseñadas para proteger a las mujeres en política para censurar opiniones ciudadanas en redes sociales. La sanción incluye disculpas públicas durante 30 días, multa económica y registro como violentadora durante año y medio por un simple comentario político.
La ciudadana había tuiteado sobre Diana Karina Barreras, candidata a diputada federal y esposa del presidente de la Cámara de Diputados mexicana. Estrella escribió: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura”. El comentario, visto por apenas 7.341 personas, fue considerado violencia política de género por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal mexicano.
La influencer Laisha Wilkins enfrenta una investigación similar tras comentar irónicamente sobre una candidata a la Suprema Corte mexicana. Wilkins escribió “Jaja Dora la censuradora jaaja” en respuesta a una publicación sobre intentos de censura periodística. El Tribunal Electoral localizó su domicilio y le exigió información sobre la publicación, demostrando el alcance represivo de estas medidas contra la libertad de expresión digital en México.
Estos casos forman parte de una tendencia autoritaria en México donde políticos del partido gobernante utilizan figuras legales contra críticos. El Congreso de Puebla aprobó leyes que permiten hasta tres años de cárcel por insultar en redes sociales. La gobernadora de Campeche logró cerrar un periódico y encarcelar a un periodista de 72 años por artículos críticos, evidenciando el deterioro democrático mexicano.
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La figura de violencia política de género fue creada en 2020 para proteger a mujeres políticas de discriminación real, como insultos machistas o impedimentos para ejercer cargos. Sin embargo, políticos mexicanos la distorsionaron para silenciar críticas ciudadanas legítimas. Periodistas y medios independientes como Código Magenta y SinEmbargo.mx han sido denunciados masivamente por aspirantes políticos utilizando esta figura legal.
La organización Artículo 19 reporta que casi el 30% de procesos judiciales contra periodistas mexicanos en 2024 utilizó acusaciones de violencia política de género. Esta cifra alarmante demuestra cómo el gobierno de Morena instrumentaliza leyes de protección femenina para perseguir voces críticas. El fenómeno recuerda tácticas autoritarias de otros países latinoamericanos donde gobiernos populistas restringen libertades fundamentales.
El caso de Estrella resulta particularmente grave porque el tribunal determinó que su tuit causó violencia simbólica, psicológica y digital sin presentar peritajes que probaran daños reales. La sentencia menciona conceptos inexistentes como violencia análoga y afirma que el comentario pudo instalar síndromes psicológicos en la denunciante. Esta interpretación judicial expansiva preocupa a expertos en derechos humanos por su potencial para criminalizar cualquier crítica política.
Abogados defensores consideran que estas sanciones representan violencia institucional contra ciudadanos mexicanos y vulneran estándares internacionales de libertad de expresión. El Tribunal Electoral mexicano, politizado según fuentes internas, favorece sistemáticamente a funcionarios de Morena sobre ciudadanos comunes. Esta situación convierte a México en un ejemplo negativo para la democracia latinoamericana, donde la crítica política puede derivar en persecución judicial y censura digital sistemática.
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En Paraguay, un caso que guarda similitudes se dio cuando la empresaria Gisselle Mousques, esposa del político Darío Filartiga y luego aspirante a la Defensoría Pública, logró una orden judicial para censurar al empresario Christian Chena, tras publicaciones en redes que la vinculaban con denuncias de corrupción. En ambos episodios, se utilizaron recursos legales para restringir la difusión de opiniones o investigaciones críticas, generando preocupación sobre la instrumentalización del sistema judicial para limitar el debate público.
Desde esta semana, la cuenta de Karla Estrella exhibe el mensaje de disculpa impuesto por el tribunal, un recordatorio visible de un debate que traspasó fronteras y que genera inquietud en toda la región, incluido Paraguay, donde la libertad de expresión y la regulación de redes sociales también forman parte de la agenda pública.
Fuente: El País
