El Colegio de Escribanos del Paraguay remitió una nota formal al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, advirtiendo sobre la “situación crítica” que atraviesa la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro (DGSNC). Según el gremio, las fallas técnicas y administrativas del sistema están afectando de forma directa la formalización de operaciones inmobiliarias en todo el país.
Uno de los puntos más preocupantes es la demora en la expedición de certificados catastrales digitales. Documentos que antes se obtenían en 48 o 72 horas ahora requieren más de 10 días y, en algunos casos, superan el mes. En enero, el plazo llegó a extenderse hasta 40 días. El gremio señala que el sistema informático presenta interrupciones constantes durante el horario laboral, obligando a trabajar en horarios nocturnos o fines de semana.
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La carta también denuncia que el sistema impide generar solicitudes para ciertos inmuebles por errores que exigen cotejos de planos innecesarios, que en algunos casos se derivan de mínimas superposiciones gráficas. Además, acusan la existencia de providencias internas no publicadas que modifican procedimientos, contraviniendo la Ley de Procedimientos Administrativos y aumentando la burocracia.
Otros problemas recurrentes incluyen la inactivación de padrones sin justificación, el pedido de documentos que deberían estar disponibles en los archivos institucionales, la falta de normativa clara y unificada, y actualizaciones catastrales que demoran más de tres meses en ser procesadas. El gremio cuestiona también que los plazos publicados en el portal de transparencia no coinciden con la realidad.
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El comunicado oficial emitido por la DGSNC el pasado 7 de agosto —que atribuyó las fallas a migraciones y actualizaciones del sistema— fue considerado insuficiente por los escribanos, quienes afirman que no atiende la magnitud del problema.
Ante este panorama, el Colegio solicitó la intervención urgente del MEF para reforzar recursos técnicos y humanos, revisar los procedimientos internos y eliminar prácticas administrativas arbitrarias. También pidió garantizar que la implementación del futuro Registro Unificado Nacional (RUN) no agrave la situación actual, que califican como una amenaza directa al dinamismo económico y a la seguridad jurídica en el país.
Por RDN
