Johanna Ortega Ghiringhelli presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario por la filtración de sus datos bancarios privados. La consumidora afectada solicita que Sedeco investigue el alcance de la brecha de seguridad registrada en ueno bank y aplique las sanciones correspondientes según la legislación vigente.
El reclamo oficial incluye pedidos específicos para que la institución dirigida por Sara Irún libre oficios a múltiples organismos estatales. Entre estos figuran la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Centro de Respuestas ante Incidentes Cibernéticos y el Banco Central del Paraguay para determinar si existen denuncias previas sobre intentos de extorsión o notificaciones de incidentes de seguridad.
La denunciante exige que Sedeco requiera al banco implementar medidas reforzadas de seguridad informática para proteger los datos de sus clientes. Asimismo, solicita la aplicación de sanciones por violación de los incisos i y p del artículo 21 de la Ley 6534/2000 de Protección de Datos Personales Crediticios, que establecen infracciones por uso de mecanismos inseguros de almacenamiento y notificación defectuosa de violaciones.
La legislación citada establece como infracciones la recolección, almacenamiento y transmisión de datos personales mediante mecanismos que no garanticen la seguridad e inalterabilidad de la información. También penaliza la notificación incompleta, tardía o defectuosa a las autoridades competentes sobre violaciones de seguridad de datos personales de los usuarios bancarios.
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La filtración expuso aproximadamente 250.000 registros en la dark web, incluyendo transferencias bancarias, números telefónicos y otros datos confidenciales que supuestamente estaban bajo custodia exclusiva de ueno bank. Esta información sensible habría sido publicada sin autorización de los titulares, comprometiendo la privacidad financiera de miles de clientes de la entidad.
Ortega manifestó en su presentación oficial que no recibió comunicación alguna del banco para informarle sobre el alcance real de la brecha de seguridad. Esta falta de notificación constituiría una violación adicional a las obligaciones establecidas en la normativa de protección de datos personales, agravando la situación legal de la institución financiera.
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El superintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán, confirmó que el caso merece atención especial y que durante el fin de semana mantuvieron intercambio de información con ueno bank. Esta comunicación busca establecer la magnitud real del incidente y las medidas correctivas implementadas por la entidad para prevenir futuras violaciones de seguridad.
El presidente de ueno bank, Juan Gustale, negó que la filtración provenga de sus sistemas internos y descartó que los datos hayan sido extraídos directamente de la infraestructura tecnológica del banco. Sin embargo, las autoridades financieras mantienen la investigación abierta para determinar el origen exacto de la brecha de seguridad y las responsabilidades correspondientes.
Fuente: ABC Color
