La Cámara de Diputados aprobó un conjunto de modificaciones al Código Procesal Civil con el fin de prevenir esquemas de estafa mediante la reutilización de pagarés y otros documentos judiciales. La propuesta legislativa será ahora revisada por el Senado.
Los cambios aprobados afectan a los artículos 158, 159, 444 y 448 del Código, incorporando también el artículo 501 bis. Este último obliga a que los títulos de crédito originales, como cheques y pagarés, sean presentados y resguardados en el juzgado mientras dure el proceso judicial.
La medida busca asegurar que estos documentos no puedan ser usados en múltiples juicios de manera fraudulenta. Solo serán devueltos al acreedor una vez que se cancele la deuda, fortaleciendo la transparencia en los procesos judiciales.
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Además, se sumaron propuestas para modificar los artículos 139, 309 y 446. En el primero, se sustituye el término “eficaz” por “fehaciente” en las notificaciones, para mayor claridad legal. En el artículo 309, se incluye la validación de firmas electrónicas cualificadas mediante mecanismos periciales.
Respecto al artículo 446, se aclara que las firmas electrónicas que sean negadas se comprobarán según el procedimiento del artículo 309. Si se declaran válidas ambas firmas, se habilita la ejecución del documento y se establece una multa del 30% del monto reclamado a favor de la parte afectada.
El artículo 448 también fue modificado para ampliar la lista de títulos ejecutivos reconocidos. Se incorporan la factura cambiaria, constancias de saldo deudor, cheques rechazados y pagarés con firmas electrónicas cualificadas como documentos ejecutables.
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Por otra parte, se establece que la Corte Suprema podrá habilitar dependencias específicas dentro o fuera del Poder Judicial para custodiar los documentos presentados en juicio, garantizando así su guarda efectiva.
El proyecto fue trabajado con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Industria y Comercio, gremios del sector bancario y asociaciones de abogados. Su objetivo principal es impedir la circulación fraudulenta de títulos de crédito y proteger los derechos de los involucrados en procesos civiles.
Fuente: Última Hora
