El presidente de Donald Trump y su familia están capitalizando el auge de las criptomonedas en Estados Unidos, acumulando ganancias millonarias gracias a empresas que cotizan en bolsa y a un marco regulatorio más laxo impulsado desde su retorno a la Casa Blanca.
Desde monedas meme hasta monedas estables, las inversiones familiares superan los 5.000 millones de dólares en beneficios sobre el papel. Esta cifra ha generado debates sobre el alcance del poder presidencial y su convergencia con intereses privados.
Eric Trump: «el sistema financiero moderno está cambiando y cripto está reescribiendo las reglas».
Lo vemos desde el interés de instituciones y gobiernos hasta la tendencia de tokenización de activos financieros.pic.twitter.com/rjr7snc4PJ
— LatamBlocks (@LatamBlocks) September 9, 2025
Dos compañías lideran el imperio cripto de Trump: World Liberty Financial (WLF) y American Bitcoin Corp (ABTC). WLF emite tokens $WLFI vinculados a la marca Trump, mientras que ABTC, dedicada a la minería de Bitcoin, debutó en el Nasdaq con un alza inicial del 110 % antes de estabilizarse con un 16,5 % por encima de su precio de salida.
De acuerdo con Reuters, una entidad empresarial de Trump controla el 60 % de WLF y recibe el 75 % de los ingresos generados por las ventas de tokens. Este dominio le otorga un papel central en el mercado cripto estadounidense.
Críticos advierten que la doble función de Trump como regulador y beneficiario financiero plantea riesgos éticos. El abogado Ross Delston sostiene que las empresas cripto podrían ser usadas por actores extranjeros o con antecedentes penales para ganar influencia política mediante inversiones en estos activos.
Aunque la familia Trump tiene restricciones para vender sus propios tokens por el momento, se espera que obtenga grandes beneficios en el mediano plazo. La Casa Blanca ha negado que exista conflicto de intereses, mientras el debate público crece.
El sector cripto se ha visto favorecido por un decreto ejecutivo emitido en enero que eliminó restricciones impuestas durante la administración de Joe Biden. Esto redujo las exigencias de reporte financiero y facilitó la cooperación con bancos, impulsando nuevas ofertas públicas.
La Securities and Exchange Commission (SEC), que bajo Gary Gensler había impulsado múltiples demandas contra empresas cripto, ha reducido drásticamente su actividad regulatoria. Expertos califican el actual enfoque como un cripto-capitalismo acelerado.
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Además, persisten inquietudes por una purga de funcionarios en agencias federales que cuestionaban el nuevo modelo. Entre los destituidos figuran Lisa Cook de la Reserva Federal y Erika McEntarfer de la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que ha generado un clima de cautela institucional.
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La presión política hacia el Congreso aumenta. Legisladores buscan restablecer una supervisión más estricta, exigir mayor transparencia a empresas como WLF y limitar la tenencia de criptoactivos entre funcionarios públicos.
Especialistas alertan que el modelo actual concentra beneficios en quienes poseen información privilegiada y expone a los pequeños inversores a riesgos financieros. Prevé un repunte de litigios, sanciones regulatorias y volatilidad tras el mandato de Trump.
Fuente: DW
