El Ministerio de Justicia, liderado por Rodrigo Nicora, adjudicó un contrato de G. 30.000 millones al Consorcio TC. El proyecto contempla la reconstrucción y remodelación de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y el Buen Pastor. También incluye intervenciones en otros 27 centros educativos y regionales en diversos departamentos. Esta adjudicación, identificada con el ID 472329, enfrenta actualmente investigaciones por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El proceso administrativo continúa su curso tras el levantamiento de una suspensión temporal decretada a mediados de enero.
La Resolución N° 1139 formalizó este contrato con un monto máximo que supera los 4,5 millones de dólares. El Consorcio TC está conformado por Constructora Tapyta SRL y Canatta Constructora, representadas por Gabriel Canale y Juan Canatta. Las obras abarcan infraestructuras en zonas críticas como Itapúa, Alto Paraná y Concepción. Según el pliego, el objetivo es solucionar deterioros estructurales graves que afectan la seguridad y la habitabilidad. El Ministerio justifica la inversión debido a la urgencia de mantenimiento en los centros penitenciarios nacionales.
Durante la fase de licitación, varios interesados cuestionaron la transparencia del proceso. Las denuncias señalan que los requisitos técnicos resultaron excesivos y presuntamente dirigidos para favorecer a ciertos oferentes. Además, el Consorcio Clemsa y Asociados presentó una protesta formal ante la DNCP para impugnar los resultados. Esta acción legal provocó una suspensión inicial de los procedimientos el pasado 15 de enero. Sin embargo, las autoridades levantaron dicha medida el 21 de enero para proseguir con las gestiones del llamado.
Previamente, la DNCP realizó verificaciones de oficio tras recibir dos denuncias anónimas sobre el pliego de bases. Estas investigaciones fueron cerradas administrativamente a finales de diciembre del año pasado. A pesar del cierre previo, la nueva protesta obligó a una revisión más profunda de la adjudicación. No obstante, el levantamiento de la suspensión permite a la cartera estatal avanzar hacia la firma definitiva del contrato. El proceso de fondo sobre las irregularidades denunciadas sigue bajo análisis riguroso por los entes reguladores.
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El ministro Rodrigo Nicora ratificó que la institución solicitó agilizar el trámite bajo responsabilidad de su Unidad Operativa de Contrataciones. El secretario de Estado aclaró que la firma del documento contractual todavía no se ha formalizado totalmente. Según su versión, los trabajos previos con las empresas del consorcio adjudicado resultaron satisfactorios en proyectos anteriores. Nicora resaltó la solvencia financiera de estas firmas frente a los frecuentes retrasos en los pagos estatales. Según las auditorías técnicas, los proyectos anteriores se entregaron puntualmente.
Actualmente, el sistema penitenciario espera la ejecución de estas reparaciones en 29 establecimientos del país. La reconstrucción de Tacumbú es considerada una prioridad financiera y de seguridad para el gobierno central. Sin embargo, la transparencia en el uso de los 30.000 millones de guaraníes sigue bajo la lupa. La resolución final de la DNCP determinará si los cuestionamientos sobre el direccionamiento tienen fundamentos legales sólidos. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia defiende la legalidad y la necesidad operativa de esta millonaria inversión edilicia.
Fuente: ABC Color
