El caso de Mirna Rojas expone de forma cruda las fallas del Instituto de Previsión Social (IPS) en la atención de pacientes que aportan desde hace años al seguro social. La familia de la asegurada obtuvo una sentencia definitiva que ordenaba la provisión urgente de insumos para una cirugía cardíaca. Sin embargo, el fallo judicial no se tradujo en una respuesta efectiva de la institución, que volvió a escudarse en la falta de medicamentos y materiales.
La sentencia definitiva N.º 96, firmada por la jueza Elsa María García Hülskamp el martes 3 de febrero, dispuso que el IPS debía proveer de manera “inmediata” alambres guía, catéteres diagnósticos y llaves manifold. Estos insumos resultaban indispensables para realizar un procedimiento de cateterismo que, según el criterio médico, tenía carácter urgente.
Una resolución judicial no es garantía
Ante la negativa práctica del seguro social, la familia de Mirna Rojas se vio forzada a buscar alternativas fuera del sistema al que aportó durante años. Finalmente, acudieron a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), que intervino para dotar de los materiales requeridos.
Gracias a esta gestión externa, la paciente pudo someterse a la cirugía que el IPS estaba obligado a garantizar conforme a la sentencia. El caso se convirtió así en un ejemplo de cómo una orden judicial puede quedar vacía si la institución requerida no asegura su ejecución.
Este episodio se suma a una serie de denuncias que, en las últimas semanas, apuntan directamente al Consejo de Administración del IPS, presidido por Jorge Brítez.
Gremios de asegurados señalan que la situación ha llegado a un punto límite y hablan de una “gestión criminal”. Según estas organizaciones, la combinación de desabastecimiento, demoras y falta de respuesta configura un escenario de alto riesgo para los pacientes, que ven vulnerado su derecho a la salud.
Lea también: IPS tiene cinco días hábiles para responder por muerte de paciente
La crisis se manifestó primero en la falta de turnos para consultas y en farmacias hospitalarias con estantes vacíos. Muchas familias de internados deben costear por cuenta propia medicamentos e insumos básicos. Los propios asegurados mencionan montos que superan fácilmente los G. 30 millones.
Esta situación genera una doble carga: la obligación de seguir contribuyendo y la necesidad de pagar nuevamente por servicios que deberían estar cubiertos.
La justificación de IPS
Mientras tanto, el IPS argumenta que las dificultades se explican por procesos de licitación en curso, exigencias legales para las compras y el uso de “capacidad interna” para el mantenimiento de equipos que carecen de contratos vigentes.
Sin embargo, en los pasillos de los hospitales la percepción es otra. Para los asegurados, casos como el de Mirna Rojas evidencian una brecha entre los derechos reconocidos en sentencias y el acceso real a los tratamientos. En lugar de brindar seguridad, el sistema es descrito por los propios aportantes como una estructura que, lejos de proteger, los expone a situaciones límite.
Fuente: ABC Color
