En el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Víctor Ríos cuestionó al presidente Alberto Martínez Simón por la concentración de superintendencias. Señaló que el control de varias circunscripciones le otorga una influencia desmedida en el Poder Judicial.
Además, Ríos presentó a sus colegas un gráfico sobre el reparto aprobado en la sesión anterior. Sostuvo que el esquema debe reestudiarse. A su criterio, los criterios aplicados no responden a principios de eficacia y eficiencia.
Según su exposición, la distribución afecta el equilibrio interno y “atenta contra el equilibrio democrático” en el propio Poder Judicial. Ríos describió el escenario como acumulación de “poder político, económico y territorial”. También especuló que el algoritmo, atribuido a la gestión del ex presidente César Diesel, no priorizó criterios objetivos y habría respondido a intereses sectoriales.
Cifras de superintendencias y personal
De acuerdo con los datos expuestos, Martínez Simón quedó bajo la superintendencia de 337 magistrados y 2.036 funcionarios. En el mismo gráfico, Ríos indicó que Benítez Riera concentra 341 jueces y 2.414 empleados judiciales. Asimismo, señaló que Gustavo Santander tiene a su cargo 282 magistrados y 1.928 funcionarios.
Sin embargo, el planteamiento no se limitó a números. Ríos advirtió sobre las implicancias institucionales de esa concentración. Comparó la situación con un “Estado judicial independiente confederado”, donde superintendentes manejan regiones amplias con baja supervisión colectiva. En ese marco, apuntó a Martínez Simón por sumar Presidencia, siete circunscripciones y la administración de personal, presupuesto, el Registro Unificado Nacional y el expediente electrónico. Incluso agregó una broma sobre que todo eso ocurre “sufriendo por el Club Cerro Porteño”.
Presupuesto y control sobre la carrera judicial
Ríos recordó que las superintendencias no se reducen a cuestiones menores, como infraestructura o aire acondicionado. Dijo que inciden sobre “vidas y haciendas”. Además, advirtió que la confirmación de un juez depende en un 99% del informe del ministro superintendente, lo que convierte el control territorial en un poder casi absoluto sobre la carrera judicial.
La concentración también se reflejaría en el presupuesto, según los gráficos citados. Martínez Simón administra G. 315.422.957.430, equivalente al 34,51% del total. Benítez Riera maneja G. 345.403.796.205 (37,79%) y Santander G. 264.820.406.613 (28,96%). En contraste, Ríos indicó que ministros como César Garay o él tienen asignaciones menores.
Los ministros César Garay y Manuel Ramírez apoyaron la revisión, y Santander no se opuso a reestudiar el resultado del algoritmo. Garay agregó que no fue consultado y que recibió una hoja con una decisión tomada “a las apuradas”. Frente a las críticas, Martínez Simón optó por una respuesta mesurada.
Fuente: La Política Online
