Política

Constitución de 1992 cumple 34 años entre alertas por autoritarismo y debate sobre reformas

Emilio Camacho, Hugo Estigarribia y Eusebio Ramón Ayala valoran el legado democrático de la Carta Magna y advierten sobre riesgos institucionales.

Imagen de archivo y referencia: sesión de la Convención Nacional Constituyente.

La Constitución Nacional cumple 34 años de vigencia en un contexto marcado por debates sobre democracia, representación y equilibrio de poderes. Exintegrantes de la Convención Nacional Constituyente de 1992 sostienen que la Carta Magna sigue siendo un instrumento fundamental para la defensa de los derechos y las libertades, aunque advierten sobre amenazas vinculadas al autoritarismo y al uso de mayorías circunstanciales.

La Constitución fue elaborada tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989 y respondió a la necesidad de construir un nuevo marco institucional para la etapa democrática. El consenso alcanzado entre representantes de distintos sectores políticos permitió diseñar una norma que, según sus redactores, continúa siendo una de las más avanzadas de la región en materia de reconocimiento de la dignidad humana.

Entre quienes participaron del proceso constituyente se encuentran los abogados y exlegisladores Emilio Camacho, Hugo Estigarribia y Eusebio Ramón Ayala. Los tres coinciden en que existen disposiciones que podrían ser mejoradas, aunque consideran que actualmente no existen las condiciones políticas necesarias para impulsar una reforma amplia de la Constitución.

Constituyentes advierten sobre riesgos para la democracia

Emilio Camacho, integrante de la Comisión Redactora de la Constitución, afirmó que hoy la prioridad debe ser defender la vigencia de la Carta Magna antes que promover modificaciones. En ese sentido, alertó sobre tendencias autoritarias en algunos sectores políticos y cuestionó las actitudes que minimizan el papel de las minorías dentro del sistema democrático.

Por su parte, Hugo Estigarribia señaló que en el futuro podrían discutirse temas como la reelección presidencial alternada, la implementación del balotaje y un mayor protagonismo institucional del vicepresidente de la República. También propuso la creación de un Tribunal Constitucional que atienda las acciones promovidas por la ciudadanía. Sin embargo, remarcó que cualquier reforma debe surgir de un amplio diálogo nacional y no de intereses coyunturales. Además, identificó a las mayorías circunstanciales como uno de los principales riesgos para el orden constitucional y citó como ejemplo la expulsión de la exsenadora Kattya González.

Reelección, pérdida de investidura y voto exterior siguen en debate

Eusebio Ramón Ayala coincidió en que toda democracia enfrenta riesgos de autoritarismo, especialmente cuando sus instituciones aún buscan consolidarse plenamente. A su criterio, la Constitución ha demostrado capacidad de resistencia durante más de tres décadas y no representa un obstáculo para el desarrollo del país. “El problema son los dirigentes que son los que no gobiernan bien”, sostuvo.

Uno de los temas que sigue generando discusión es la reelección presidencial. Estigarribia fue el único de los tres constituyentes que se mostró favorable a debatir esa posibilidad en el futuro, siempre de forma alternada. También existe coincidencia respecto a la interpretación del artículo 189, que establece la figura de la senaduría vitalicia para expresidentes, rechazando la necesidad de una reglamentación adicional. Asimismo, persisten diferencias sobre la aplicación del artículo 201 relacionado con la pérdida de investidura parlamentaria, utilizado en procesos recientes dentro del Congreso Nacional.

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La Constitución paraguaya registra una única enmienda desde su entrada en vigencia. En 2011, mediante referéndum, se aprobó la modificación del artículo 120 para habilitar el voto de paraguayos residentes en el exterior. Sin embargo, casi quince años después, la participación sigue siendo reducida. En las elecciones generales de 2023 votaron apenas 3.097 ciudadanos de los 41.505 habilitados fuera del país, equivalente al 7,46% del padrón. Los electores residentes en Argentina, España, Estados Unidos y Brasil continúan enfrentando desafíos burocráticos y logísticos para ejercer plenamente ese derecho.

Fuente: ÚH