Ingenieros de la ANDE proponen subastar energía y limitar a 700 MW el suministro para criptomineras

La Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) presentó a las autoridades de la empresa estatal una propuesta para modificar la política tarifaria destinada a los grandes consumidores de energía. El planteamiento contempla limitar a 700 megavatios (MW) el suministro para criptomineras, centros de datos e industrias similares, además de adjudicar esa capacidad mediante una subasta con un precio mínimo de USD 56 por megavatio hora (MWh).

La iniciativa también propone separar a las industrias con procesos productivos, como el proyecto de hidrógeno verde de Atome, en un pliego tarifario independiente basado en una tarifa técnica. Según explicaron a ABC los ingenieros Manuel Mettel y Ubaldo Fernández, el objetivo es diferenciar a los consumidores electrointensivos de aquellos que generan mayor encadenamiento económico, sin modificar las tarifas aplicadas a los usuarios residenciales.

La UIA divide a los grandes consumidores en dos grupos. El primero corresponde a las denominadas industrias convergentes, entre ellas criptomineras, centros de datos, proyectos de inteligencia artificial y otras actividades que no procesan materia prima. Para este segmento se plantea un límite global de 700 MW, equivalente a aproximadamente el 10 % de la capacidad instalada del sistema eléctrico paraguayo.

Subasta con tarifa mínima para grandes consumidores

El gremio propone que el cupo disponible sea asignado mediante una subasta al alza, en la que puedan participar tanto las empresas que actualmente operan en Paraguay como nuevos inversionistas. Los contratos vigentes para estas actividades vencen en 2027, por lo que el nuevo mecanismo regiría para las futuras adjudicaciones.

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Como referencia económica, Fernández planteó que el precio mínimo sea de US$ 56 por MWh. Ese valor surge de sumar la tarifa técnica estimada en USD 44 por MWh con USD 12 correspondientes a la compensación por cesión de energía. Según explicó, este esquema permitiría que la ANDE mantenga sus ingresos y genere recursos adicionales para fortalecer la infraestructura eléctrica. La propuesta prevé contratos con una duración máxima de entre tres y cinco años.

La propuesta apunta a implementarse desde 2028

Los ingenieros sostienen que el límite de 700 MW responde tanto a razones operativas como económicas. Según Fernández, una demanda cercana a 2.000 MW representaría una carga difícil de sostener para un sistema cuya capacidad ronda los 5.000 MW. Además, Mettel afirmó que el crecimiento de la demanda de estas industrias no se reflejó en un incremento equivalente del producto interno bruto ni en una mejora evidente de la situación financiera de la ANDE.

La UIA plantea que el nuevo esquema entre en vigencia el 1 de enero de 2028, una vez concluidos los contratos actuales del Grupo de Consumo Intensivo Especial. Fernández estimó que la licitación debería realizarse durante 2027 para garantizar una transición ordenada. También advirtió que el futuro Anexo C de Itaipú será determinante para definir los costos del suministro. Mientras tanto, Mettel confirmó que la propuesta ya fue presentada a la ANDE y que el gremio elaborará un informe ejecutivo para difundir públicamente su planteamiento.

Fuente: ABC Color