El cartismo avanza con el Día de la Iglesia Evangélica

El oficialismo en la Cámara de Senadores impulsa un proyecto de ley para declarar el 31 de octubre como el Día de la Iglesia Evangélica. La iniciativa busca consolidar el respaldo político de las bases religiosas no católicas que acompañaron al Poder Ejecutivo desde la campaña electoral. Con este reconocimiento formal, el cartismo refuerza su sintonía institucional con diversas denominaciones cristianas y sectores ultraconservadores del país.

La propuesta legislativa promovida por cuatro senadores colorados apunta a institucionalizar la fecha conmemorativa del inicio de la reforma protestante de Martín Lutero en 1517. Asimismo, el documento pretende reconocer el “aporte histórico y espiritual” de estas comunidades en el territorio nacional. La celebración ya cuenta con rango oficial en Chile desde 2008 y en Argentina tras su incorporación formal durante el año 2024.

La medida parlamentaria está apadrinada por figuras prominentes del ala conservadora de Honor Colorado, entre ellos Gustavo Leite, Orlando Penner y Lizarella Valiente. Este movimiento legislativo contrasta directamente con la reciente reunión del presidente Santiago Peña y su gabinete con la Conferencia Episcopal Paraguaya. En dicho encuentro, el cardenal Adalberto Martínez y monseñor Pierre Jubinville recriminaron la precaria situación sanitaria, la crisis indígena y la corrupción pública.

El alcance político del Día de la Iglesia Evangélica

Ante los reclamos de la curia católica, el mandatario debió admitir las deficiencias estatales y prometió mantener abierto el diálogo pastoral. Esta simultaneidad expone la fina orquestación política del cartismo para administrar dos frentes confesionales determinantes. Mientras agiliza concesiones hacia las organizaciones evangélicas, el oficialismo intenta contener el malestar de la Iglesia católica tradicional, que todavía preserva una notoria influencia en la sociedad paraguaya.

El acercamiento a las congregaciones protestantes busca subsanar tensiones acumuladas desde el inicio del mandato presidencial. Las promesas iniciales del oficialismo contemplaban la derogación del convenio educativo con la Unión Europea, postura que debió suavizarse para avanzar en negociaciones de libre comercio. Estas dilaciones generaron críticas de referentes provida, quienes tildaron la demora de traición, obligando a Peña a visitar el Centro Familiar de Adoración.

Los senadores Gustavo Leite, Orlando Penner, Blanca Ovelar y Lizarella Valiente quieren que el 31 de octubre sea el día de la iglesia evangélica en Paraguay.

Desean que el MEC impulse acciones para asegurar su conmemoración. pic.twitter.com/7rA1lchela

— Diego Díaz (@DiazDiegu) August 17, 2026

Conexiones transnacionales y pugna en las políticas públicas

En paralelo, la bancada de Honor Colorado promovió iniciativas legislativas inspiradas en lineamientos de movimientos conservadores internacionales. Un caso relevante fue la propuesta para restringir y fiscalizar severamente las operaciones de las organizaciones no gubernamentales en Paraguay. Los legisladores Leite y Valiente encabezaron la articulación de estas normas dentro del Congreso para blindar la agenda doctrinaria de su sector partidario.

Esta orientación del oficialismo se inserta en esquemas políticos ya aplicados por sectores de extrema derecha a nivel regional y global. La estrategia muestra claros paralelismos con los liderazgos de Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos. En ambos países, las iglesias evangélicas operaron como estructuras activas para la movilización electoral masiva y el soporte ideológico del poder de turno.

El cartismo sostiene vínculos fluidos con agrupaciones transnacionales como Capitol Ministries, cuyos operadores, entre ellos el pastor Miguel Ortigoza, buscan incidir en carteras estatales estratégicas. El objetivo apunta a moldear la currícula del Ministerio de Educación y Ciencias bajo preceptos religiosos directos. Esta pretensión confesional desata permanentes fricciones dentro del diseño técnico y las políticas institucionales del Estado paraguayo.

Fuente: LPO