Proponen devolver a municipios la gestión de Hambre Cero

Un proyecto de ley plantea que las municipalidades asuman la administración de la alimentación escolar, actualmente a cargo de las gobernaciones.

El diputado liberal Arnaldo Valdez presentó una propuesta para cambiar la administración del programa Hambre Cero y dejar los recursos destinados a la alimentación escolar en manos de las municipalidades. Con esto busca quitar a los gobernadores el manejo de los fondos y modificar el sistema de distribución establecido durante el gobierno de Santiago Peña.

El exmandatario se encuentra con prisión preventiva en el marco del caso Ueno Bank. La Fiscalía amplió recientemente su imputación por presunta asociación criminal, que se suma a otros hechos punibles investigados. Durante su gobierno también promovió cambios en la Ley de Fonacide, que permitieron concentrar importantes recursos públicos en el programa de alimentación escolar, con contratos adjudicados a empresas privadas.

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El esquema llegó a movilizar alrededor de USD 1.000 millones bajo la administración de los gobiernos departamentales, con excepción de las gobernaciones de Central y Presidente Hayes.

Valdez, representante de Misiones, sostuvo que nadie puede desconocer la importancia de garantizar alimentos a los estudiantes, pero insistió en que eso no significa dar vía libre a quienes administran el dinero público.

“Defender Hambre Cero no significa dejar de cuestionar cómo se administran”, expresó el legislador, quien considera indispensable revisar el destino de los recursos, especialmente cuando se trata de sumas multimillonarias.

Demoras, deudas y cuestionamientos a Hambre Cero

Uno de los principales argumentos del proyecto es que la concentración de los recursos en las gobernaciones no dio los resultados esperados. Valdez mencionó problemas que se arrastran desde la implementación del programa, entre ellos retrasos en la entrega de alimentos, deudas con proveedores y una participación limitada de los pequeños productores.

La agricultura familiar campesina, que debía tener un papel importante dentro del sistema, apenas alcanzó una participación del 8,7%, por debajo del mínimo establecido.

Los cuestionamientos al manejo del dinero también llegaron desde el propio Partido Colorado. El senador Silvio Ovelar acusó a determinados gobernadores de robar recursos, en medio de las críticas por la utilización de los fondos del programa.

A estas controversias se sumó el caso de la gobernadora de Concepción, Liz Meza, quien quedó en el centro de la atención pública por la costosa fiesta que organizó para su hija. El evento generó cuestionamientos sobre su situación patrimonial, teniendo en cuenta que antes de llegar al cargo se desempeñaba como funcionaria pública.

Para Valdez, el problema de fondo está en dejar un presupuesto de semejante magnitud bajo el control de pocas autoridades. Entre 2024 y 2026, unas quince gobernaciones recibieron asignaciones por G. 4,21 billones para financiar el programa.

El diputado reclamó controles más rigurosos sobre las contrataciones y los desembolsos. “La ciudadanía tiene derecho a saber quién cobra”, manifestó.

El debate también se da en un escenario marcado por la investigación penal que enfrenta el gobierno anterior, situación que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos.

Cómo funcionaría Hambre Cero bajo control municipal

La propuesta de Valdez plantea que cada municipalidad se encargue de administrar los recursos destinados a la alimentación escolar dentro de su distrito. El proyecto contempla dos formas de preparar y distribuir las comidas, dependiendo de las condiciones de cada institución educativa.

En las escuelas que dispongan de instalaciones adecuadas, la idea es habilitar cocinas para preparar los alimentos en el propio establecimiento. Para realizar ese trabajo, las municipalidades deberán dar prioridad a la contratación de madres de familia y personas de la comunidad.

En cambio, donde no exista infraestructura suficiente, se aplicaría un sistema de provisión basado en la producción local. Las comunas comprarían los alimentos directamente a pequeños productores y microempresas del municipio, con la intención de reducir la dependencia de las grandes firmas intermediarias.

De esta manera, además de garantizar la alimentación de los estudiantes, se pretende que una parte importante del presupuesto permanezca en las comunidades y beneficie a las familias que viven de la producción agrícola.

Otro punto de la reforma es la creación de un Consejo Local de Alimentación Escolar, presidido por el intendente e integrado por representantes de distintos sectores de la comunidad. Su función sería acompañar y controlar la ejecución del programa, desde la compra de los productos hasta la entrega de las comidas.

La fiscalización también estaría a cargo de las Juntas Municipales y de la Contraloría General de la República, con el propósito de establecer controles sobre el uso de los fondos.

Si la iniciativa prospera, las gobernaciones dejarían de administrar el presupuesto de Hambre Cero y las municipalidades asumirían esa responsabilidad. El cambio también alcanzaría al departamento Central, donde actualmente los recursos son gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social.

La discusión ahora estará centrada en determinar si trasladar el manejo del programa a los intendentes permitirá corregir las deficiencias denunciadas y garantizar que el dinero destinado a la alimentación escolar llegue efectivamente a los estudiantes.

Fuente: ABC Color

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