La Agencia Nacional de Discapacidad argentina (ANDIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, generó controversia al utilizar términos discriminatorios como “idiotas”, “mentalmente débiles” e “imbéciles” en una resolución oficial.
El documento, identificado como Resolución 187/2025, fue publicado en el boletín oficial hace un mes, pero la polémica estalló recientemente cuando organizaciones civiles denunciaron el uso de este lenguaje estigmatizante para referirse a personas con discapacidad.
El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como «idiota», «imbécil» y «débil mental».
Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación.
Es una barbaridad. pic.twitter.com/2XzM9Iq18X
— Julen Bollain (@JulenBollain) February 27, 2025
En el apartado “Retrasos Mentales” de la resolución, se establece una clasificación de personas según su nivel de discapacidad empleando términos considerados obsoletos y ofensivos por la comunidad médica y de derechos humanos.
El documento también utiliza expresiones como “discapacitados” y categoriza las condiciones como “profundas”, “moderadas” o “leves”, estableciendo criterios para determinar qué personas califican para recibir pensiones no contributivas, indicando que “corresponderá pensión a quienes presenten debilidad mental profunda o superior”.
La agencia nacional de discapacidad de Argentina incluye los términos “Idiota”, “imbecil” y “débil mental” para referirse a personas con algún tipo de discapacidad Intelectual/cognitiva … Esto es muy doloroso y peligroso. pic.twitter.com/aAtqNA52vN
— MissGhili (@missghili) February 27, 2025
Siete organizaciones argentinas defensoras de derechos humanos presentaron el pasado 3 de febrero una reclamación administrativa solicitando a ANDIS la derogación urgente de la norma por “violar los derechos de las personas con discapacidad”. En su denuncia, afirman que la resolución “atenta de forma flagrante contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y pone en grave riesgo derechos humanos fundamentales” reconocidos internacionalmente.
Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las personas con discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), declaró que estas expresiones “reproducen y refuerzan prejuicios históricos que agudizan la discriminación de las personas con discapacidad”. La especialista señaló la gravedad de que sea precisamente el Estado quien recurra a estos discursos discriminatorios, cuando debería ser la institución encargada de combatirlos.
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La controversia se produce en un momento de tensión social en Argentina, donde diversas políticas implementadas por el gobierno de Milei han generado reacciones encontradas entre distintos sectores de la sociedad. El uso de terminología obsoleta y discriminatoria en documentos oficiales contraviene estándares internacionales y marcos legales que promueven un enfoque basado en derechos y respeto hacia las personas con discapacidad.
Ante la reacción generalizada, la Andis aclaró que la publicación de estos términos fue un error y negó que haya habido una intención discriminatoria.
“Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, explicaron desde el organismo, señalando que estos términos eran empleados históricamente en la medicina psiquiátrica, pero han sido discontinuados debido a su carácter peyorativo.
Fuente: Diario ara- La Nación AR
