La policía salvadoreña ejecutó la detención de varios empresarios del transporte público tras negarse a prestar servicio gratuito, medida dispuesta por el presidente Nayib Bukele para mitigar los inconvenientes generados por el cierre temporal de un tramo de la carretera Panamericana. Las autoridades procedieron con la captura de al menos tres líderes de cooperativas, entre ellos Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, y Alex Sorto, presidente de la Mesa Nacional del Transporte, aunque no se especificaron oficialmente los delitos imputados, más allá de la acusación de “sabotaje” formulada por el mandatario.
Esta situación marca un fuerte contraste con las políticas de transporte público en Paraguay, donde el gobierno históricamente ha mantenido una postura más dialoguista ante los conflictos con el sector transportista, aun cuando persisten problemas estructurales como la antigüedad de las unidades y la calidad del servicio. Mientras en El Salvador el ejecutivo ejerce medidas coercitivas directas, en Paraguay se ha optado por subsidios y negociaciones para evitar incrementos tarifarios, aunque con resultados cuestionables en cuanto a mejoras efectivas para los usuarios.
️El Presidente @nayibbukele anunció que el transporte público sería gratuito para aliviar el tráfico en Los Chorros.
Pero muchos empresarios no sacaron las unidades, a pesar de que el gobierno cubre el 100% de sus ingresos.
Ante el caos, el Presidente Bukele ordenó capturas y… pic.twitter.com/7AuRakO5aX
— Diario La Huella (@LaHuellaSV) May 6, 2025
El domingo anterior, Bukele anunció mediante su cuenta en la red social X que “durante toda esta semana el transporte público será completamente gratuito” debido a las complicaciones viales generadas por trabajos de ampliación en el tramo conocido como Los Chorros. El presidente aseguró que el gobierno cubriría el 100% de los ingresos habituales de los transportistas durante este período, medida que incluiría buses y microbuses, tanto urbanos como interdepartamentales, en todas sus modalidades.
A pesar de esta disposición ejecutiva, el lunes siguiente numerosas unidades de transporte no prestaron servicio, generando enormes filas de pasajeros en diferentes puntos de San Salvador y complicando la movilidad ciudadana. La Casa Presidencial emitió un comunicado rechazando cualquier justificación para la inactividad del servicio, afirmando estar “al día con la compensación económica que se les entrega a los empresarios para no subir la tarifa del pasaje”, contradiciendo así posibles reclamos sobre incumplimientos en los pagos gubernamentales.
La reacción del presidente salvadoreño fue inmediata y severa, ordenando directamente a la Policía Nacional Civil proceder con la detención de los propietarios de las rutas involucradas en la paralización. “Esta acción constituye un claro sabotaje al país, y como siempre, el más afectado es el pueblo. Nadie está por encima de ley”, manifestó el mandatario en su comunicación oficial, evidenciando una política de mano dura que caracteriza su gestión en diversos ámbitos.
Según reportes de medios locales, las detenciones se produjeron cuando algunos de los dirigentes acudían a una reunión con autoridades del viceministerio del Transporte, sin que se dieran a conocer los motivos de dicha convocatoria. Los funcionarios fueron trasladados en patrullas policiales, aunque las informaciones indican que no fueron esposados durante el procedimiento, mientras que en el occidente del país también se reportó la captura de Alejandro Arriza, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Ahuachapanecos.
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Paralelamente a la crisis en el transporte público, el Ministerio de Educación salvadoreño implementó medidas para mitigar el impacto del cierre vial, estableciendo clases virtuales opcionales del 5 al 9 de mayo para estudiantes con dificultades de traslado, tanto en instituciones públicas como privadas. Esta disposición no implica suspensión total de actividades educativas, sino una alternativa para garantizar la continuidad pedagógica durante el período de obras en la carretera Panamericana.
Las medidas adoptadas por el gobierno de Bukele reflejan un estilo de gestión centralizado y con intervención directa del ejecutivo en situaciones de crisis, diferenciándose significativamente del modelo paraguayo donde, pese a subsidiar el transporte público, la capacidad de presión de los empresarios transportistas ha sido históricamente mayor, derivando en frecuentes aumentos tarifarios y resistencia a mejoras sustanciales en el servicio.
Fuente: Clarín
