La Fiscalía que investiga el esquema conocido como la mafia de pagarés ha solicitado autorización judicial para acceder a los teléfonos celulares de magistrados y una exjueza imputados por prevaricato y complicidad en el uso de documentos no auténticos. El objetivo es extraer datos que permitan esclarecer el funcionamiento del esquema que operaba en los juzgados de Paz de la Capital.
La solicitud se dirige a los jueces penales especializados Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú, quienes analizan la legalidad y pertinencia del pedido. La medida apunta a Carmen Analia Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Nilo Rodríguez y la exjueza Liliana González de Bristot, todos investigados por emitir resoluciones sin fecha y basadas en información presuntamente falsa.
De acuerdo con la investigación, los implicados habrían firmado resoluciones que permitieron ejecutar descuentos de haberes a funcionarios públicos y jubilados sin que estos fueran debidamente notificados. En muchos casos, las víctimas ni siquiera fueron informadas del juicio, debido a la adulteración de las notificaciones, que señalaban falsamente que los afectados se negaron a reconocer sus firmas.
Uno de los elementos clave que refuerza la sospecha de manipulación documental es la existencia de registros de notificaciones asentadas el mismo día y hora en ciudades distintas. Estas supuestas diligencias sirvieron de base para iniciar procesos judiciales que resultaron en la confiscación de salarios y jubilaciones.
El caso ha tenido repercusión institucional, con la Corte Suprema de Justicia promoviendo medidas para combatir este tipo de prácticas. La máxima instancia judicial del país ha instado a los jueces a revisar con mayor rigor los juicios ejecutivos. En caso de detectar irregularidades, deberán proceder a anular los procesos y suspender los cobros indebidos.
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Paralelamente, se han presentado propuestas legislativas para reformar el procedimiento de ejecución de pagarés y establecer mecanismos de control más estrictos en los juzgados de Paz. La intención es frenar la utilización de resoluciones irregulares que han derivado en perjuicios económicos para ciudadanos sin antecedentes de deuda.
Para los fiscales, el contenido de los teléfonos móviles de los imputados podría contener comunicaciones, instrucciones o registros que confirmen la coordinación del esquema. La revisión de estos dispositivos se considera esencial para fortalecer la acusación penal y exponer el alcance de la red que facilitó el despojo sistemático de ingresos mediante resoluciones judiciales.
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De ser autorizada la revisión, los peritos informáticos del Ministerio Público realizarán un análisis técnico con cadena de custodia, centrado en llamadas, mensajes y aplicaciones de mensajería que puedan contener evidencia relevante para el caso.
La figura del prevaricato y la complicidad en el uso de documentos falsos son delitos tipificados en el Código Penal paraguayo. En este contexto, la Fiscalía sostiene que los jueces involucrados violaron la ley al emitir resoluciones fuera de los procedimientos y con documentos manipulados, afectando el principio de legalidad procesal.
Fuente: Judiciales.net
