La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv) reglamentó recientemente la implementación de los nuevos criterios de costos para la habilitación de vehículos, tras la promulgación de la Ley N.º 7459/2025, que restituye el esquema anterior de cálculo sobre el valor imponible del rodado. A menos de tres semanas del vencimiento del plazo para la renovación de patentes, las municipalidades ya comenzaron a aplicar los nuevos parámetros de cobro.
La norma vigente establece que el impuesto se calcula sobre el 0,3% del valor imponible del vehículo, con una reducción progresiva del 5% anual hasta alcanzar los 10 años de antigüedad. Este esquema sustituye a la Ley N.º 7447/2025, que fue derogada por provocar aumentos excesivos y confusión entre los usuarios, especialmente en municipios con criterios dispares.
De acuerdo con el director de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, el valor imponible se determina a partir de cuatro factores clave: procedencia, marca, modelo y año del rodado. Este valor puede consultarse ingresando los datos en el sistema informático disponible en el sitio web oficial de la Opaci: www.opaci.org.py.
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Cada municipalidad, conforme a su autonomía, sumará al impuesto base otros aranceles, como tasas administrativas y un 10% adicional destinado al mantenimiento de calles. Estas sumas componen el monto final que el contribuyente deberá abonar para la habilitación de su vehículo.
Peralta explicó que si bien algunas municipalidades ya iniciaron la aplicación del nuevo sistema, otras disponen de un plazo de hasta 45 días para ajustar sus sistemas informáticos y contables. No obstante, recordó que el plazo de vencimiento para la renovación es el próximo 30 de junio, por lo que instó a los contribuyentes a informarse y regularizar sus documentos en tiempo y forma.
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La nueva legislación también establece sanciones para los intendentes que cobren montos inferiores a los estipulados en la ley. En estos casos, la normativa prevé una multa equivalente a un jornal mínimo diario (G. 106.000) por cada habilitación concedida incorrectamente. La medida busca asegurar un criterio unificado en todo el país y prevenir arbitrariedades en la aplicación de tasas.
Fuente: Última Hora
