El juez penal de Sentencia Juan Pablo Mendoza resolvió remitir al Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción la causa contra el exministro de Urbanismo Dany Durand y otros siete exdirectivos del Grupo Mocipar. Están acusados de haber causado un perjuicio económico superior a los G. 3.000 millones a clientes, trabajadores y al Instituto de Previsión Social (IPS).
La decisión se basa en la Acordada N° 1406/20 de la Corte Suprema, que reglamenta la competencia de los tribunales especializados creados por Ley 6379/19. El caso incluye hechos punibles como estafa, lesión de confianza, evasión de aportes, lavado de activos y conducta indebida en situaciones de crisis, todos contemplados por dicha normativa.
Causa de Dany Durand fue remitida a Tribunal Especializado de Delitos Económicos
El juez penal Juan Pablo Mendoza, remitió a un Tribunal Especializado de Delitos Económicos, la causa en la que debe ser juzgado el exministro del MUVH, Dany Durand y otras personas que están… pic.twitter.com/TSb2v4oFmu
— Radio Ñandutí (@nanduti) June 24, 2025
El expediente incluye como elemento central la denuncia de 31 víctimas, quienes afirman haber pagado cuotas por más de una década sin recibir los bienes o servicios prometidos. El monto total del perjuicio directo asciende a G. 867.087.725, pero el daño económico total estimado supera los G. 3.000 millones, incluyendo deudas con el IPS, transferencias fraudulentas y pagos ficticios.
Entre los acusados figuran, además de Dany Durand, su esposa Luz Marina González, su hija Marcela Durand, y otros exdirectivos como Fernando Román Fernández, Flavio Britos y Diana Britos. Todos ellos serán juzgados por delitos vinculados a la administración fraudulenta del grupo empresarial y la evasión del seguro social.
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Uno de los hechos más graves en la acusación es la millonaria deuda de G. 1.832 millones con el IPS, correspondiente a aportes no pagados por las empresas Mocipar Propiedades y Mocipar Hogar. La Fiscalía también señala operaciones irregulares, como la cesión gratuita de un vehículo de lujo valuado en más de G. 580 millones.
La causa —identificada con el número 5756/2019— también indaga sobre el proceso de quiebra de la firma, en el que se habría producido una serie de maniobras en perjuicio de acreedores y trabajadores.
Fuente: El Observador
