Lo que comenzó en 2005 como un contrato comercial terminó casi veinte años después convertido en un litigio emblemático para la seguridad jurídica del país. AM Reguera, empresa paraguaya de Atilio Manuel Reguera, demandó a Electrolux do Brasil alegando incumplimiento y violación de exclusividad.
El contrato inicial fue firmado en 2005 por un plazo de 24 meses y venció en 2007. Sin embargo, casi una década después, la firma paraguaya recurrió a la Justicia cuando en 2016 se designó a otro distribuidor de los productos. La demanda incluyó un pedido de indemnización millonaria.
A finales de 2023, en primera instancia, el juez Édgar Rivas condenó a Electrolux a pagar casi USD 50 millones, cifra que incluso superaba lo solicitado por la parte demandante. La sentencia generó polémica y derivó en una denuncia contra el magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Electrolux busca en la Sala Civil frenar una condena millonaria que califica de ilegal. Un contrato vencido en 2007 es la base de un juicio que ya impuso casi USD 50 millones.
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— El Parámetro (@Parametronews) September 25, 2025
La Cámara de Apelaciones revisó posteriormente la resolución y corrigió el fallo. El tribunal redujo el monto a aproximadamente USD 6 millones, tras concluir que el contrato había expirado en 2007 y que la exclusividad era parcial, limitada a ciertos productos. También señaló que el grupo Reguera ya comercializaba stock existente, lo que evidenciaba continuidad en sus operaciones.
Desde Electrolux la versión es diferente. La multinacional sostiene que el proceso estuvo marcado por irregularidades. Argumentan que se admitieron como prueba declaraciones sin respaldo documental, que el perito contable designado estaba inhabilitado y que la condena se basó en un promedio de utilidades que no fue reclamado por la contraparte.
La defensa de la empresa además cuestiona la tramitación del caso en la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Señalan que la instancia admitió recursos sin respetar jurisprudencia previa, que establece la prioridad de resolver cuestiones constitucionales antes que apelaciones para evitar decisiones contradictorias.
En este escenario, la disputa se encuentra actualmente en manos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Electrolux busca revertir la condena, mientras que el Holding Reguera mantiene su pretensión de cobrar los USD 50 millones fijados en la primera instancia.
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Más allá de las cifras, el caso expone el impacto institucional. La prolongación del litigio y los fallos dispares en cada etapa refuerzan las críticas sobre la falta de coherencia en el sistema judicial. Para los empresarios, la situación genera incertidumbre y cuestiona el discurso oficial que presenta al país como destino confiable para inversiones.
Electrolux enfrenta un proceso que se extiende desde hace años y que aún no tiene resolución definitiva. Mientras tanto, el expediente se convirtió en símbolo de debate sobre la seguridad jurídica en Paraguay, un elemento clave para consolidar la confianza del capital extranjero y garantizar reglas claras al sector empresarial.
Fuente: Alfredo Scharamm para El Nacional
