El juez Gustavo Villalba, del Juzgado de Paz de La Catedral 1° Turno, fue acusado por el Ministerio Público en el marco del esquema conocido como mafia de los pagarés. Los fiscales Jorge Arce y Leonardi Guerrero solicitaron la apertura de juicio oral contra el magistrado y otros cinco implicados, entre ellos funcionarios judiciales y un abogado.
La imputación sostiene que Villalba autorizó resoluciones que violaban el principio de igualdad procesal. Según la investigación, permitió que expedientes fueran elaborados directamente por los abogados demandantes, quienes representaban a firmas de cobranzas.
Los hechos ocurrieron en 83 expedientes tramitados durante el año 2024. En todos ellos se registraron supuestas notificaciones a deudores que, en realidad, nunca fueron realizadas. Con ello, las víctimas no tuvieron oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, como establece la Constitución Nacional.
Junto a Villalba están acusados los ujieres notificadores Osvaldo Insfrán Vera y Jorge René Montiel, el actuario Aarón Itamar Bernabé, el oficial de justicia Ronald Iván Navarro y el abogado Alejandro Valiente Martínez. El juez enfrenta cargos por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, mientras que los demás están procesados por producción inmediata de documentos falsos.
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El Ministerio Público detalló que los ujieres presentaron informes de notificaciones en distintas ciudades el mismo día, sin detallar horarios ni constancias verificables. Uno de los informes firmados por Insfrán aseguraba que había notificado a 50 deudores en 15 localidades, todas el 29 de agosto de 2024, lo que resultó materialmente imposible.
La acusación también describe que el abogado Alejandro Valiente habría utilizado estas resoluciones y documentos falsos para avanzar en juicios ejecutivos sin conocimiento de los deudores. La Fiscalía asegura que Villalba tenía pleno conocimiento de las maniobras y las avalaba con sus resoluciones.
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La investigación se enmarca en un esquema mayor que ya llevó a la acusación de otros cuatro jueces la semana pasada. Con Villalba, son cinco los magistrados procesados por su participación en la presunta red que utilizaba el sistema judicial para defraudar a ciudadanos.
Los fiscales remarcaron que el caso refleja un patrón de corrupción institucionalizada, donde resoluciones judiciales, actas falsas y notificaciones inexistentes se usaban en conjunto para ejecutar pagarés sin control ni garantía de defensa. El proceso judicial ahora dependerá de la decisión del tribunal sobre la apertura del juicio oral.
Fuente: Última Hora
