Según informó Última Hora, la renovación se hizo por pedido y considera un nuevo golpe contra Mario Abdo Benítez, presidente electo. Dicha resolución se dio con siete años de anticipación, es decir, para el 2025 y es por 10 años la prórroga.
Portillo, presidente de Conajzar, señaló al medio que la autorización se dio a través del directorio de la institución, el fin de semana pasado.
Afirmó que las empresas Azar Internacional SA (Hotel Casino Acaray de Ciudad del Este) y Casinos Paraguayos SA (Casino Carnaval de Encarnación) realizaron el pedido, se trata de la tercera ampliación. La primera la pidieron en el 2007 y la segunda en el 2011.
Relató que los solicitantes pagan un canon fijo. En el caso de Azar Internacional es de G. 402.035.403 mensuales y Casinos Paraguayos G. 74.880.506.
En el 2025, cuando la concesión termine, van a tener un 15% de aumento, más una serie de condicionamientos. Uno de ellos, terminar su contrato y si cumplen con todos los condicionamientos recién entra a regir la prórroga.
Cabe destacar que, según el titular del Conajzar, el canon se ajusta cada año por el índice de precios al consumidor (IPC). Manifestó que al Casino de Asunción también se le dio la renovación anteriormente.
Por otro lado, la familia del encuestador Francisco Capli es una de las accionistas de la firma Azar Internacional SA, una de las empresas beneficiadas con la prórroga.
«Fueron pedidos de renovación. Las empresas presentan una serie de inversiones que quieren hacer y para asegurar esa inversión piden que se amplíe el plazo. Era un trámite por lo visto que se hacía, no sé si normal o no, pero es el que se sigue acá», explicó Portillo al medio citado anteriormente.
Tildan de ilegal la medida
Juan Ernesto Villamayor, coordinador del equipo de transición del presidente electo Mario Abdo Benítez, dijo que la renovación de las licencias para los casinos es una violación de la ley.
Anunció que el próximo Gobierno, en el cual él será ministro del Interior, buscará anular los contratos.
«No existe la figura de renovación automática en la ley. Vencido el plazo se tiene que llamar a licitación, eso es lo que establece la ley. Lo que ellos han hecho es una violación a la ley. Los casinos se dan por licitación pública y el plazo de vigencia máximo es el de la ley. Nosotros tenemos que abocarnos a anular todo esto, no podemos avalar violaciones», explicó, según lo que consigna Última Hora, en su edición impresa.
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